Es prácticamente en lo único que coinciden organizaciones agrarias y comercializadoras, y más desde que las Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía y, posteriormente a través de un controvertido vídeo, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) insistieran en que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria resta competitividad al sector productor de frutas y hortalizas español. Por ello, desde la revista MERCADOS hemos querido saber más sobre esta norma que, a priori, nace para proteger al agricultor.
“Me niego a creer que un agricultor quiera vender su producto por debajo de costes”, afirma en declaraciones la revista MERCADOS Adoración Blanque, secretaria general de Asaja Almería, quien dice no entender tampoco la crispación en el seno de la organización de productores almeriense.
“La amenaza de que Marruecos nos va a inundar de producto es falsa y torticera”, añade por su parte Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, quien apunta que Marruecos y Holanda siempre han estado ahí y van a seguir estándolo.
Prácticamente el 80% de la producción almeriense, y española, se exporta, de modo que queda totalmente al margen de la Ley de la Cadena, que solo se aplicaría sobre el 20% restante, que se dirige al mercado nacional. Es en estos supuestos en los que, desde Coexphal, insisten en la situación de desventaja de los comercializadores españoles.
“El sector de las frutas y hortalizas está sujeto a grandes fluctuaciones de precios”, explica Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, quien argumenta que, por ejemplo, “en el mes de diciembre, cuando cae el precio del pepino en Europa, ese producto tampoco se podría comercializar en España, sin embargo, otros orígenes sí podrían hacerlo”. De momento, el mercado nacional supone en torno a un 20-25% para los comercializadores almerienses; sin embargo, este porcentaje va en aumento.
Agricultores y comercializadores demandan el desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se quedó en stand by tras el decreto del estado de alarma. “Es necesario que se desarrolle y que proteja al sector productor español”, afirma Fernández. Pero, ¿cómo sería su desarrollo ideal?
Una buena ley
Asaja y COAG coindicen en que la norma supone un punto de partida para proteger la rentabilidad de los agricultores, si bien es necesario seguir trabajando para lograr que esa protección que promueve sea una realidad.
De este modo, en primer lugar, es fundamental decidir cómo se van a fijar los costes de producción. “Es necesario un desarrollo por sectores”, comenta Andrés Góngora, quien incluso va un paso más allá y se refiere, incluso, a un desarrollo por “territorios”, de modo que los costes de producción recogidos en la ley sean lo más ajustados posible a la realidad de cada zona de producción y producto.
En segundo lugar, es necesario establecer un sistema de retirada de producto dotado con un presupuesto acorde. De este modo, si un agricultor no puede vender su producto porque, por ejemplo, no tiene la calidad suficiente y, por tanto, no encuentra salida comercial a ese precio mínimo, «no tendría que tirarlo», añade por su parte Adoración Blanque.
En tercer y último lugar, todo el sector coincide en que, frente a las importaciones de países terceros, sigue siendo fundamental revisar los cupos, aranceles y reforzar los controles en las fronteras.
Queda más que claro, por tanto, que es fundalmental un desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria que implique a todas las partes, contando incluso con todas ellas para su redacción, y que finalmente satisfaga a todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria.
