El encarecimiento generalizado de costes en la cadena agroalimentaria, por subida de materias primas y el exceso de regulación, ha terminado trasladándose al consumidor, pero eso no significa necesariamente que el agricultor esté cobrando más en origen. A lo largo de la cadena, cada eslabón incorpora sus propios costes —energía, manipulación, logística, estructura comercial, financiación— y también sus márgenes, lo que genera una acumulación progresiva hasta el precio final.
Además, el precio en origen sigue estando fuertemente condicionado por la oferta y la demanda. En momentos puntuales de menor disponibilidad, los precios repuntan; en situaciones de concentración de oferta, se producen descensos significativos. Por tanto, no podemos hablar de una mejora estructural y consolidada del precio en origen, sino de oscilaciones coyunturales vinculadas al mercado.
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En productos perecederos, una vez asumidos los costes estructurales —plantación, mantenimiento, financiación—, el agricultor continúa produciendo incluso en escenarios de rentabilidad muy ajustada. No es posible “cerrar la explotación” de un día para otro. Muchas veces se sigue adelante y, aunque el precio sea inferior al coste de producción, si en esos momentos el precio supera los gastos variables se sigue para reducir los costes fijos, aunque el precio este por debajo de los costes globales de producción.
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En berries, por ejemplo, competimos con producciones de menor coste procedentes de terceros países. En cítricos, cuando coinciden campañas tempranas con importaciones, se produce una presión directa sobre el precio. En estos escenarios, aunque haya incrementos puntuales en origen, la competencia internacional y el diferencial de costes limitan la capacidad real de trasladar esa mejora del precio a la rentabilidad del cultivo.
Mayores sobrecostes
Somos una actividad claramente de mano de obra intensiva. En muchos casos, más del 50% del coste del producto puesto en la puerta del supermercado corresponde a costes laborales.
La subida del Salario Mínimo en los últimos años ha tenido un impacto directo y estructural. Otros costes —energía, agua, combustibles, fertilizantes, certificaciones— también han aumentado, pero el componente laboral a día de hoy es el que más ha impactado en los costes.
Por otra parte, el problema de las materias activas también es probablemente uno de los mayores retos estructurales. Desde 2005, la Unión Europea armonizó los Límites Máximos de Residuos (LMR) para comercialización, lo que supuso un avance en seguridad jurídica. Desde entonces la eliminación de los LMR es mucho más lento que la eliminación de materias activas en los países miembros. Provocando así una desventaja competitiva para los productores europeos, y una reducción de garantías del producto importado para los consumidores europeos.
Esto no es solo una cuestión de competitividad, sino de coherencia normativa. Si una sustancia se retira en Europa por criterios de riesgo o precaución, no es lógico que se haga para los productores europeos y sin embargo no para lo que viene fuera de la UE.
Europa produce la materia activa, la exporta a países fuera de la UE, Ahora prohíbe su uso para los agricultores europeos por ser perjudiciales para el Medio Ambiente o por que producen riesgos para salud, sin embargo, no retira el LMR, por lo cual un producto de fuera de la EU puede venderse en la UE con pesticidas que los agricultores europeos no pueden utilizar.
Tal y como está planteado actualmente, el modelo genera una asimetría que afecta tanto a la rentabilidad como al consumidor, que recibe un producto con especificaciones distintas según la procedencia del mismo.
Origen y destino
La diferencia de precio entre origen y destino no puede atribuirse exclusivamente a la distribución. Entre el campo y el lineal existen procesos que generan valor y costes: manipulación, clasificación, envasado, enfriamiento, transporte, mermas, estructura industrial y comercial, logística.
Comparar el precio en campo con el precio final sin tener en cuenta ese valor añadido es una simplificación excesiva. Dicho esto, avanzar en mayor transparencia y en mejor información al consumidor sería positivo.
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