¿Por qué protesta el campo español?

Bajo la etiqueta en redes sociales “Agricultores al límite”, las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA; en esta ocasión no se ha sumado Cooperativas) pretenden sacar el campo a la calle en defensa de sus intereses, con cortes de carreteras y concentraciones de tractores en su calendario.

El alcance de las manifestaciones es más amplio que en las últimas citas similares, ya que en 2019 las protestas fueron más bien sectoriales, como ocurrió con el olivar, que en octubre aterrizó en Madrid exigiendo mejores precios.

Éstas son algunas de sus principales reivindicaciones:

1. Precios en picado

Los bajos precios en origen protagonizan la gran crítica de todo el sector, con casos paradigmáticos como el del aceite de oliva -del que se calcula que comen más de 250.000 familias-, con una caída del 25-30 % en el último año que se dispara hasta cerca del 50 % si se compara con 2018.

En su punto de mira los agricultores colocan habitualmente a las cadenas de supermercados, a las que acusan de utilizar algunos de sus productos como “reclamo” para atraer tráfico de consumidores a sus tiendas.

2. Aranceles de EE.UU.

La decisión de la Administración Trump -con el permiso de la Organización Mundial del Comercio- de imponer aranceles a la importación de algunos productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite, el vino o los quesos, ha indignado al sector, que pone el grito en el cielo por pagar los platos rotos de un conflicto vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa.

En vigor desde octubre de 2019, el impacto de este arancel ya se nota en la cuenta de resultados de las empresas, que reclaman a través de sus patronales medidas de compensación a Bruselas y más firmeza a las autoridades para que defiendan sus derechos.

3. Más costes

Los agricultores critican el incremento de sus costes de producción, afectados por cuestiones tan diversas como la subida del carburante, el encarecimiento de algunos fertilizantes o, más recientemente, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un país como España, donde la mayoría de explotaciones agrícolas tienen un carácter profesional y necesitan -aunque sea de forma puntual a lo largo del año- contratar personal, la subida del SMI a 950 euros es un factor sensible para muchas de ellas.

4. Defensa de su reputación

El sector también lamenta la imagen que tiene de él una parte de la sociedad, que lo considera poco sostenible medioambientalmente, y se ve a sí mismo objeto de ataques por parte de ecologistas y animalistas. El propio ministro del ramo, Luis Planas, ha hecho bandera de esta reivindicación y se marca como prioridad “recuperar la reputación” de agricultores y ganaderos.

Además, también exige reconocimiento por su importancia para fijar población en el medio rural y hacer frente a la llamada “España vaciada”.

5. Negociación de la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) es un instrumento clave para la actividad primaria. Con una dotación superior a los 400.000 millones entre 2014 y 2020, la negociación para el período 2021-2027 genera nerviosismo entre el sector, que rechaza de plano cualquier intento por reducir su presupuesto tras la marcha de Reino Unido.

6. Competencia desleal

Productores españoles advierten de la competencia desleal procedente de países no comunitarios, donde las exigencias son menores, especialmente en ámbitos como el de los cítricos (con críticas a Sudáfrica) o la miel (con China en el disparadero).

Fuente: Efeagro