Tras analizar el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y revisar el inventario nacional de GEI, la organización ha constatado que la agricultura española ha incrementado un 9% sus emisiones respecto a 1990, por lo que no se puede obviar la dificultad a la que se enfrenta el sector.
Unión de Uniones considera que las proyecciones contempladas en el PNIEC sobre la posible reducción de emisiones en 2030 para la agricultura y la ganadería, estimadas en un 12% respecto a 1990, son excesivamente optimistas dado el nivel actual de emisiones del sector y las tendencias generales de consumo alimentario global. En este sentido, la FAO estima que va a aumentar un 50% para 2050 y la agricultura española tendrá un papel fundamental como productor y exportador mundial de productos agroalimentarios.
El aumento de las emisiones de la agricultura española está principalmente ligado a un aumento de su potencial productivo – las exportaciones han aumentado un 260% desde 1995 -, y no a unas malas prácticas agrarias. “Debería tenerse en cuenta que parte de los alimentos producidos aquí y que se comen en otros países dejan su huella de emisiones en España, pero si no se produjeran aquí lo harían en otro lugar con las mismas o mayores emisiones”, aclaran desde la organización.
Asimismo, el sector agrario español representa el 11,6% de las emisiones estatales, mientras que sectores como el transporte (26,1%), la producción de energía y calor (20,2%) y las industrias manufactureras y la construcción (12,8%) – todos ellos relacionados con el sector energético – representan un mayor peso dentro del volumen total emitido y disponen de un mayor potencial de reducción, como reconoce la propia Estrategia a largo plazo de la Unión Europea para 2050.
La organización lamenta que el PNIEC contemple reducciones limitadas para otros sectores – como el transporte (-2,5%) o los residuos (-1,8%), e incluso un aumento para las emisiones del sector residencial (+10,6%) – que, según su criterio, tienen mayor potencial de reducción.
El 40% de la PAC va a ir destinado a combatir el cambio climático
Unión de Uniones insta a confiar en el sector agrario y en su capacidad para reducir su nivel de emisiones, pero siempre desde una perspectiva realista y teniendo en cuenta su papel clave como productor de alimentos de calidad y vertebrador del medio rural español.
Un reciente estudio de la Comisión Europea determinó que la PAC contribuye a mitigar un total de 26,2 millones de toneladas de CO2eq anuales (el 3% de las emisiones), lo que indica su contribución en la mitigación de emisiones.
Igualmente, según ha dado a conocer la Comisión Europea, el 40% de los fondos de la próxima PAC irán destinados a medidas de conservación del medio ambiente y el clima, lo que indica el compromiso de esta política comunitaria para combatir los efectos del cambio climático.
La agricultura y ganadería, un sector estratégico en la economía española
La organización quiere insistir también en que la agricultura en España, con 24 millones de hectáreas de superficie agraria y 15 millones de unidades de ganado mayor (UGM), tiene un papel clave en la producción de alimentos sanos, accesibles y de calidad para los consumidores españoles e internacionales y cumple una labor fundamental en la generación de empleo y desarrollo en las zonas rurales en la “España vaciada”. Asimismo, se trata de un sector estratégico para la economía española, dado que es el cuarto país en producción agraria a nivel europeo y octavo del mundo en nivel de exportaciones agroalimentarias.
Así, en relación a la descarbonización del sector agrario, la estrategia principal debe consistir, según la organización, en aprovechar la capacidad de la agricultura como sumidero de carbono y aumentar la eficiencia técnica de las producciones agrícolas y ganaderas en términos de emisiones. Para ello, es preciso implementar prácticas medioambientales que favorezcan el incremento del nivel de materia orgánica en el suelo y el uso eficiente de los recursos (p. ej., cubiertas vegetales, mejora de la fertilización), siempre apoyadas con suficientes recursos a través de la PAC para así minimizar los riesgos relacionados con su implementación y la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.
