Ante el limitado efecto que puede suponer la ampliación en 20.000 toneladas el cupo de retirada de fruta autorizado por la UE en las rentas de los productores, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamará al Ministerio de Agricultura en la mesa de otoño un “plan de emergencia” para el sector de la fruta que garantice la viabilidad económica de las explotaciones a corto y medio plazo. “Vender a pérdidas es un problema que se repite campaña tras campaña y se ha tornado en una cuestión estructural que necesita ser abordada con profundidad. La desastrosa campaña que estamos padeciendo es un episodio más en esta destructiva espiral”, ha subrayado David Borda, responsable de Fruta Dulce de COAG.
Entre las medidas que destaca COAG como prioritarias se encuentran, la intensificación de las actuaciones para evitar la especulación en la cadena de tal manera que se propicie un reparto justo del valor generado en la misma con estrategias como:
– Aumento de los controles específicos de AICA respecto del cumplimiento de la Ley 12/2013 en el sector de la fruta, en especial, de la contratación obligatoria.
– Inspección y control de la calidad y el etiquetado en los puntos de venta: se debe hacer cumplir las normas de calidad marcadas en los reglamentos europeos así como las normas de etiquetado, especialmente en lo relativo al origen de la fruta.
– Intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de fruta y de productos transformados de países terceros: la fruta producida por los productores europeos es la que presenta estándares más elevados de calidad y seguridad alimentaria (trazabilidad, límite máximo de residuos, menor número de fitosanitarios autorizados y de menor toxicidad, etc.). Estos requerimientos de calidad y seguridad alimentaria se deben exigir a los productos de importación de países terceros.
Para los fruticultores, COAG también considera primordial establecer medidas excepcionales como la condonación de las cuotas de la Seguridad Social, reducción a cero de los módulos para la fruta dulce en el cálculo de la renta de 2017, ante la ausencia generalizada de beneficios, ayudas y moratorias para los préstamos concedidos y líneas de financiación bonificadas para afrontar el final de la campaña.
Según COAG, de la misma forma, han de plantearse medidas que modifiquen la problemática estructural en la que se encuentra sumido el sector. Así proponen que desde el 1 de enero de 2018, que sea obligatorio que todos los camiones que transporten fruta con destino a la UE lleven factura en la que se detalle el peso y el precio de venta. Es importante para la entidad conocer la producción real y adaptarla a las demandas del mercado y reformar los sistemas de gestión de crisis que resultan ineficaces.
