Las frutas y hortalizas representan la mitad de las sanciones impuestas por la AICA en 2020

Hernández, al frente de ese organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desde 2018, aborda en una entrevista a Efeagro cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la cadena alimentaria, tras las últimas modificaciones legislativas.

P: ¿Cuántas denuncias se han presentado desde que se reformó la ley de la cadena en febrero de 2020?

R: Desde el inicio de la actividad de AICA y hasta el 31 de diciembre de 2020, hemos recibido 358 denuncias. En 2020, de las 65 denuncias recibidas, el 44 % procede de organizaciones sectoriales y el 40 %, de productores. AICA proporciona datos actualizados cada seis meses.

Conviene recordar que las denuncias deben cumplir con requisitos como la identidad del denunciante, los hechos que se denuncian, la fecha en que fueron cometidos y, en la medida de lo posible, la identificación de los presuntos responsables.

P: Desde su modificación hace un año, la ley de la cadena obliga a publicar las sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves y decir quién es el infractor, una vez tengan carácter firme. ¿Cuántas sanciones de este tipo se han impuesto en el último año y a quiénes? ¿Cuántas han sido recurridas?

R: Hasta el momento no se han publicado sanciones porque no se han dado las circunstancias que obligan a la publicación, esto es, que los hechos se hayan cometido después del 27 de febrero de 2020 por infracciones graves o muy graves y hayan adquirido firmeza en vía administrativa o judicial.

P: Las organizaciones agrarias piden más medidas para proteger el anonimato.

R: Es comprensible que un productor particular pueda temer represalias de su cliente si presenta una denuncia ante AICA. Por ello las organizaciones agrarias y las asociaciones de productores son fundamentales, porque pueden presentar ellas en nombre propio las denuncias que les comunican los agricultores y ganaderos individuales. Las organizaciones y asociaciones están haciendo un gran trabajo en este sentido, pues alertan de que algo está sucediendo.

P: ¿Cómo están controlando que se cubra el coste efectivo de producción, a lo que obliga la nueva ley de la cadena?

R: El coste efectivo de producción es individual de cada operador. AICA inspecciona tanto de oficio como por denuncia el cumplimiento de la ley de la cadena. Ante una inspección de AICA y a requerimiento de esta, es el operador el que deberá proporcionar los costes efectivos de producción asumidos y las pruebas que lo constaten.

P: ¿Cuántas de las sanciones impuestas están relacionadas con la prohibición de la venta a pérdidas?

R: De las 580 sanciones impuestas por el MAPA en 2020, el 59 % se debe al incumplimiento de los plazos de pago, el 15 % por no existir contrato y el 22 % por no incluir en los contratos toda la información preceptiva.

Como consecuencia de la actividad diaria de los inspectores de AICA, los datos varían día a día y los expedientes se encuentran en diferentes momentos administrativos.

P: Usted habló en el Congreso sobre la escasez de contratos en el sector. ¿En qué actividades se concentra ese problema?

R: Gracias a la ley de la cadena, el sector agroalimentario está mucho más protegido. La obligación de hacer contratos por escrito ha supuesto un gran avance porque da garantías a las partes que lo firman. Algunos sectores, desde el inicio, estaban más avanzados por tener legislación en materia contractual propia o contar con contratos tipo homologados. A lo largo de estos años, el sector poco a poco va respondiendo, aunque todavía queda camino por recorrer, sobre todo en sectores como el de frutas y hortalizas, donde han recaído el 38 % de las infracciones con sanción por no tener contrato.

P: ¿Cuántas infracciones con sanción ha dictado AICA hasta el momento? ¿Qué sectores son los más castigados?

R: Las cifras a 31 de diciembre de 2020 son de un total de 2.472 infracciones con sanción. Los sectores más sancionados son el de frutas y hortalizas, que representa el 48,8 % de las sanciones impuestas; el vitivinícola, el 13 %; el lácteo, el 12,9 %; y el del aceite de oliva, el 8,7 %. Son también los sectores más inspeccionados debido a su relevancia en el conjunto de la producción española y a sus particularidades.

P: La modificación de la ley de la cadena por la transposición de una directiva europea está actualmente en tramitación parlamentaria. ¿Cómo se procederá a sancionar las prácticas comerciales desleales de quienes operen en España y, por extensión, en el resto de la Unión Europea?

R: Todavía no contamos con el texto de aplicación definitivo. No obstante, los controles se realizarán por denuncias de afectados o como consecuencia de las actuaciones de la AICA y los organismos de las comunidades autónomas competentes. La competencia en materia sancionadora cuando un operador esté fuera de España será siempre de AICA.

Cuando, por razón de la extraterritorialidad, algunas acciones no puedan llevarse a cabo por las autoridades nacionales, la directiva prevé expresamente mecanismos de cooperación entre las autoridades con el fin de que las prácticas desleales no queden impunes.

Fuente: EFEAGRO/Belén Delgado