Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada.
En cuanto a la negociación colectiva, los convenios que hayan caducado seguirán aplicándose sin límite de un año hasta que sean renegociados, entre otras novedades.
En declaraciones a Efeagro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, califica de “buena noticia” que el diálogo social haya concluido con un pacto entre empresarios y sindicatos.
“Habrá que aplicar lo pactado en la reforma laboral y ver de qué modo se ajusta a lo que supone el ciclo productivo en el conjunto de los sectores. Si se ha acordado así, debería ser aplicable también en el sector agrario“, apunta Planas.
Objeciones de organizaciones agrarias
Más crítica se muestra la organización agraria Asaja, que se abstuvo en la reunión de la patronal CEOE que avaló el texto negociado porque, en su opinión, la reforma no responde a las necesidades y peticiones del sector agrario formuladas a la Administración.
Su director general, Juan José Álvarez, expresa preocupación porque, al reducirse las posibilidades de contratación temporal, “se complica mucho la gestión de las campañas agrícolas” y “las empresas del sector no están en situación de hacer fijos discontinuos a todos los trabajadores que necesitan” para esos momentos.
El único contrato que les puede servir es el de un máximo de 90 días al año en “campañas muy cortas y programadas”, según Álvarez, quien descarta que se puedan aplicar a las campañas de tres meses (que deberían cubrirse con la figura del fijo discontinuo), lo que supone un “encarecimiento de la contratación laboral”.
El responsable de Frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, considera que esas limitaciones “pueden ser un problema” y espera que la reforma tenga en cuenta las particularidades del sector primario, como sus campañas y otras situaciones que “solo se pueden cubrir con contratos temporales”.
Asegura que el contrato fijo discontinuo se está desarrollando progresivamente, en campañas muy largas como las hortofrutícolas o en la ganadería, pero matiza que, si no se utiliza más, es porque en el campo se renueva mucho la plantilla y “muchos trabajadores ven ahí una oportunidad pero, a poco que pueden, buscan estabilidad en otros sectores”.
Góngora advierte de que la limitación de los contratos temporales puede beneficiar la subcontratación a través de las empresas de trabajo temporal, que están implantándose con mucha fuerza en el mundo rural, a pesar de que “no deben predominar en las relaciones laborales porque rompen la vinculación directa con el agricultor”.
Fuentes de UPA niegan que vaya a haber problemas con el trabajo de campaña agrario, que quedará principalmente enmarcado en los contratos de temporada, y destacan que en muchas zonas lo que falta es mano de obra y “las explotaciones que pueden fidelizarla ya lo están haciendo”.
La organización defiende que, si la ley de la cadena alimentaria se cumple, se podrá repercutir la subida de costes laborales.
“Costará al principio adaptarse a los cambios, pero no tendrán efectos negativos para las explotaciones familiares”, sostiene UPA, que expresa su deseo de que la reforma laboral “inicie una nueva etapa de entendimiento laboral y una mayor interlocución” con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Sindicatos contra la temporalidad
Por parte de los sindicatos, el responsable estatal del campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez, muestra su interés en que la reforma laboral “elimine la precariedad y la temporalidad en la actividad agraria”.
Reconoce que las campañas se han vuelto cada vez más cortas por la digitalización y mecanización, y son más complejas porque no todos los temporeros van al mismo lugar durante varios años seguidos, pero, si sus campañas se repiten, “su figura ya no es eventual y debería contemplarse la del fijo discontinuo”.
Pide que a esos trabajadores se les ofrezca cobertura y compatibilidad con subsidios y prestaciones como la de desempleo.
El secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena, considera que la reforma laboral no tendrá “grandes cambios” para el sector agropecuario, que -a su juicio- requiere una legislación diferente que dé garantías a la mano de obra.
“Hablamos de un sector especial que emplea a más de un millón de personas al año que son esenciales para nuestra alimentación. Se deben garantizar sus derechos para que los días que no trabajen tengan una cobertura social y puedan vivir y mantener a sus familias”, remarca.
También insta a cumplir la ley y defiende que la reforma repercutirá en la negociación colectiva, que en el sector viene funcionando en los últimos años sobre todo con convenios provinciales, a falta de uno estatal.
Fuente: EFE Agro
