Principales iniciativas
De cara a la presente legislatura, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera en la Unión Europea que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles y garantizar así el futuro de un mundo rural vivo.
En la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro.
Por otra parte, el ministro ha destacado el valor de la PAC como una herramienta estructural para el desarrollo del sector agroalimentario. El Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
En este contexto, Planas ha señalado que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible.
En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo. El Gobierno trabajará para lograr un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales.
En las negociaciones para su aplicación en España, el ministro ha anunciado el inicio del debate político con las comunidades autónomas, en el que se abordará, entre otros aspectos, todas las cuestiones relativas a la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser el perceptor de las ayudas.
Medidas frente a la crisis sanitaria
Asimismo, el Gobierno aprobó en el mes de abril un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario, recientemente prorrogado, para ampliar su validez hasta el próximo 30 de septiembre, para que ninguna cosecha se quede sin recoger. «Un instrumento excepcional para dotar de mayor tranquilidad al sector, porque ninguna tarea agrícola o puesto de trabajo pendiente ha dejado de ser cubierto», ha recalcado el ministro y «ese era el objetivo».
Los subsectores agrarios más afectados por la crisis,también se han podido acoger a lo dispuesto en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. Por otra parte, el ministro ha hecho mención de las medidas acordadas para paliar la situación creada por el cierre del canal Horeca en determinados sectores.
De igual forma, se han aprobado una serie de medidas de flexibilización y simplificación de los Fondos Estructurales del FEADER, para poder reasignar el dinero disponible en los Programas de Desarrollo Rural que no se hayan utilizado.
El ministro ha apuntado que su Departamento está diseñando una serie de actuaciones para desarrollar un sector agroalimentario innovador, que genere valor añadido y empleo de calidad. El objetivo es conseguir explotaciones rentables y dignas que faciliten la incorporación de jóvenes y mujeres, verdaderos motores de impulso del relevo generacional en el campo.
En este sentido, ha mencionado las medidas impulsadas el pasado año para el sector de los cítricos. El Gobierno ha llevado a cabo todas las medidas, pero ha solicitado a la Interprofesional que dé respuesta al sector que necesita una organización que funcione.
