Según refleja el boletín de la tercera semana de enero de la Lonja de Cítricos de València, por la variedad navel se están pagando entre 0,18 y 0,28 euros por kilogramo al agricultor y por la de la lane-late, entre 0,28 y 0,35 euros; lo que contrasta con los 2,80 euros que desembolsan los consumidores europeos, valores que se disparan hasta 4,80 euros por kilogramo en el caso de estas variedades si cumplen la condición de ‘bio’ o ecológicas.

El mayor incremento de los valores se observa en mandarinas protegidas tardías (tango, nadorcott y orri) -exigen el pago de royalties por plantación y comercialización – ya que se pagan por encima de un euro el kilogramo en el campo (tal como el año pasado) y también registran los mayores precios de venta al público. A 6,85 el kilo. En la capital de la UE se comercializa, entre otras, la marca Soculente, una enseña que comercializa el grupo naranjero castellonense Germán Sancho y Cía, que el año pasado adquirió la empresa Joaquín Llusar.

Remuneraciones en el campo

Hay que tener en cuenta que, a pesar de los altos precios que pagan los consumidores europeos por las mandarinas y naranjas españolas, muchos productores no están recibiendo una remuneración suficiente ni siquiera para cubrir los costes de producción, establecidos en 0,23 €/kg en naranja y 0,28 €/kg en el caso de las mandarinas, según los informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Para las organizaciones agrarias «ya no sorprende que la gran distribución del centro y norte de Europa multiplique hasta por cinco veces los precios de los cítricos que encontramos en los supermercados españoles», destacan desde AVA-Asaja. En su opinión, se trata una muestra evidente del grave desequilibrio de fuerzas que hay dentro de la cadena alimentaria europea, donde algunos eslabones ganan, y parece que mucho, mientras otros, como los productores, pierden.

«En muchos casos, los citricultores valencianos tan solo perciben la veinteava parte del precio que paga un consumidor belga o alemán», lamenta la organización presidida por Cristóbal Aguado. Por ello, desde AVA-Asaja reclaman que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que esta misma semana se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, debe mejorar los mecanismos para lograr un mejor reparto de los beneficios que generan los productos agrarios, especialmente los perecederos, a lo largo de la cadena de valor.

Los agricultores también consideran que el Gobierno no tiene excusas para no fijar unos índices de referencia de los costes de producción. De hecho, dispone de precios de referencia elaborados por universidades, centros de investigación o por consejerías de Agricultura. Si no evita los abusos comerciales, según la organización agraria, «seguirán aumentando las tierras sin cultivar y seguirá la sustitución de la producción europea por la foránea, que no siempre cumple con las mismas exigencias fitosanitarias y medioambientales».

Estructuras y reconversión citrícola, primeros planes

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, acordó ayer con los máximos representantes del sector (entidades agrarias, cooperativas y comité de gestión de cítricos) la puesta en marcha de unas mesas de trabajo que definan un proyecto que garantice el futuro de la agricultura valenciana.

En concreto, los primeros foros, según la conselleria, versarán sobre estructuras agrarias y la reconversión de cítricos, dentro de un programa al que se unirán paulatinamente otras mesas para abordar los principales retos y problemáticas del sector. «Abrimos una nueva línea de trabajo con el que perseguimos ganar agilidad y anticipar los problemas del sector», comentó la consellera, ya que la administración autonómica debe «caminar de la mano, dentro de un clima de diálogo y de un escenario de interlocución constante», agregó. El secretario de Agricultura, Roger Llanes, garantizó «disponer de los recursos y la voluntad de poder desarrollar estructuras y medidas que nos indiquen con precisión hacia dónde dirigir las políticas agrarias».

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer que pedirá al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de la próxima semana que la Comisión Europea acelere los trámites con la nueva administración estadounidense de Joe Biden para eliminar «cuanto antes» los aranceles a los productos agroalimentarios españoles que fijó el expresidente Donald Trump en el marco de la guerra entre Airbus y Boeing. Estados Unidos impuso el año pasado aranceles del 25 % a cítricos y otras frutas y hortalizas.

El sector valenciano exportaba hasta el año 2019 unas 9.200 toneladas de agrios por campaña.

Fuente: Levante. El Mercantil Valenciano