Si la inversión media anual entre 2000 y 2021 ha sido de 133 millones de euros, entre 2022 y 2027 va a elevarse hasta 425 millones de euros, ha detallado. Planas ha reconocido además el trabajo y esfuerzo de las comunidades de regantes por sumarse a la «oportunidad» que supone la inyección de fondos públicos y privados para acometer esa modernización de los regadíos para que sean cada vez más sostenibles, rentables y competitivos.
El ministro clausuró el XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que ha tenido lugar estos días en León, organizado por la Federación Nacional de Regantes de España (Fenacore) y por el Sindicato Central del Embalse de los Barrios de Luna, que «ha reunido a la gran familia del regadío español».
Planas ha destacado que estos fondos pretenden generar la necesaria transformación del modelo de producción agrario, con la aplicación de las nuevas tecnologías, de la digitalización y de la innovación para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, cada vez más escasos, pero también para atraer a los jóvenes a una producción sostenible, rentable y con proyección de futuro, en un mercado cada vez más competitivo.
El ministro ha señalado que es necesario alcanzar la sostenibilidad competitiva para dar respuesta a los retos que plantea el siglo XXI, «producir más con menos recursos y garantizar la continuidad de producciones estables, rentables y competitivas».
Ha asegurado que «la coherencia entre política agraria e hidrológica es total», y ha reiterado que el Gobierno está comprometido con el regadío sostenible porque multiplica por seis la productividad agrícola, aumenta hasta cuatro veces la renta de los agricultores y genera tres veces más de empleo.
Estamos ante una «oportunidad única», ha insistido, para acometer la necesaria adaptación de las producciones agrarias al cambio climático. La financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), las aportaciones a través de los planes con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), así como las aportaciones del Estado generarán esta inversión público-privada sin precedentes de 2.137 millones de euros en seis años.
