El responsable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha señalado en la clausura de una jornada organizada por la aplicación Too Good To Go, que el ministro del departamento, Luis Planas, pretende que una de las primeras leyes que se retome en enero sea la dedicada al desperdicio alimentario.
Una vez que se tramite la iniciativa en el Consejo de Ministros, Herrero ha expresado la esperanza de que “pueda salir lo antes posible” porque queda “mucho trabajo por hacer”.
El proyecto legislativo estuvo a punto de ver la luz, pero finalmente decayó en su trámite parlamentario por la convocatoria de las pasadas elecciones generales. Herrero ha destacado que estuvieron en contacto con todo tipo de organizaciones para que la ley “fuera lo más inclusiva posible”.
Aparte de contener buenas prácticas, el proyecto recogía dos obligaciones: que todas las empresas dispusieran de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio adaptado a las características de las empresas, y que las que estuvieran en contacto con los consumidores establecieran convenios para la donación de los excedentes.
Mientras, la Unión Europea (UE) está trabajando en un reglamento de residuos con objetivos concretos para la reducción del desperdicio alimentario del 10 % en la industria y del 30 % en el comercio minorista, la restauración y los hogares para 2030.
Más concienciación en la sociedad
A juicio del director general, la pandemia y la inflación han hecho que los ciudadanos estén más concienciados por el valor de los alimentos y los aprovechen mejor, y para el futuro ve en el conocimiento de las fechas del etiquetado y la planificación de las compras “dos palancas” con las que seguir reduciendo el desperdicio.
La representante del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados Milagros Marcos ha destacado que el PP apoyó el proyecto presentado por el Gobierno, si bien “la ley nacional debe ser mucho más ambiciosa, tener claro los objetivos, decir a cada uno cómo reducir el desperdicio y facilitar los acuerdos entre donantes y entidades de forma proporcionada”.
“Esta ley tiene una segunda oportunidad” de salir adelante, ha añadido Marcos, que ha apuntado que más del 70 % de las empresas españolas tienen ya planes de reducción del desperdicio, a diferencia de los hogares y las administraciones públicas, por lo que ha reclamado una cláusula en los contratos que estas últimas firman con proveedores para garantizar las donaciones.
El jefe de Consumo en la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Salcedo, ha puesto de ejemplo el decreto regional aprobado en 2019 y actualizado en 2022, en línea con la estrategia de esa comunidad contra el desperdicio alimentario.
Buenas prácticas en los jóvenes
Salcedo ha llamado a apostar por los centros educativos para que los jóvenes se vuelvan “prescriptores” de buenas prácticas en sus hogares, así como a dar al asunto un “enfoque integral y multidisciplinar basado en la responsabilidad y el compromiso compartido”.
El encargado de la subidrección general de Transferencia en innovación agroalimentaria de Cataluña, Carles Guirado, ha destacado la aprobación de una ley regional en 2020 que están en proceso de desarrollar a la espera de cómo se encaja con la futura ley nacional.
Además de obligar a las empresas a elaborar un plan de prevención, Cataluña ha desarrollado una guía para ayudar en su aplicación a los distintos sectores, a lo que apoya para que generen datos que permitan conocer el punto de partida y luego pongan objetivos de reducción del despilfarro.
La directora general de organización sin ánimo de lucro Eufic, Laura Fernández, ha precisado que aún existen muchas barreras y se debe “aumentar la motivación de los ciudadanos, ayudándoles a entender las consecuencias del desperdicio”, facilitándoles instrumentos y adaptándolos a cada ámbito cultural.
La responsable de la iniciativa Sistemas Alimentarios Sostenibles en Forética, Teresa Knoerr, ha resaltado los esfuerzos de 19 empresas del sector agroalimentario español para invertir en tecnología, con proyectos de inteligencia artificial para medir la producción y los excedentes; para valorizar la materia prima y para tomar acciones de economía circular, siempre en colaboración con otros actores.
El experto en sistemas alimentarios sostenibles Vicente Domingo ha insistido en que la lucha contra el desperdicio es “una de las pocas ventanas actuales para poder sentirse mejor ciudadano” y ha ensalzado el poder de los gobiernos locales para hacer llegar a los ciudadanos las diferentes medidas.
