La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha participado esta mañana en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde ha “rechazado totalmente” la utilización del fondo de reserva de crisis para financiar las medidas extraordinarias puestas en marcha por la Unión Europea (UE) como consecuencia de la decisión de Rusia de prohibir la importación de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos procedentes de la UE, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega.
Víboras considera esta actuación “un abuso” y denuncia que “los agricultores no pueden ser de ninguna manera los paganos de una crisis que es absolutamente ajena al sector y que tiene su causa en decisiones geopolíticas de los Gobiernos”.
PUBLICIDAD
En el marco de esta reunión, los titulares de Agricultura de las diferentes Comunidades Autónomas españolas han debatido, entre otros asuntos, la propuesta de la Comisión Europea relativa a la modificación del proyecto de presupuesto de 2015 de la Unión Europea. Los gastos comprometidos para hacer frente a las compensaciones por el embargo ruso ascienden a un total de 343,3 millones de euros que, restados a los 433 millones de euros con los que cuenta la reserva de crisis, dejarían un disponible de 88,7 millones de euros para el resto del ejercicio 2015.
Elena Víboras ha hecho hincapié en que este fondo, que se nutre con importes destinados a pagos directos, se aplica cuando las circunstancias “se apartan de la evolución normal de mercado”. Sin embargo, las causas del veto ruso se encuentran “en el ámbito de la política exterior de los Estados Miembros” y son “ajenas al sector agrario y al funcionamiento del mercado”, por lo que, según la titular de Agricultura, “el impacto del veto ruso no puede ser tratado como una circunstancia anormal del mercado”.
La consejera ha instado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a exigir a la Comisión Europea “el diseño de un Programa Integral de Medidas de Mercado ante el veto ruso” entre las que se podrían incluir actuaciones “de bajo coste” como, por ejemplo, la flexibilización de la normativa de competencia en los sectores afectados.
Asimismo, Elena Víboras ha manifestado su rechazo a la propuesta de reducción de 448 millones de euros del presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), porque supondría “detraer dinero de la agricultura para otras necesidades del presupuesto europeo”. Las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias y los representantes de los Estados Miembros del Comité Especial de Agricultura han manifestado también su oposición a esta reducción de unos fondos que se destinan a pagos directos y mecanismos de regulación de mercados.
Por otro lado, esta reunión ha abordado también la propuesta de Reglamento del Parlamento y el Consejo Europeo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. Al respecto, la consejera andaluza ha comentado que el debate se encuentra aún “muy abierto”, si bien ha resaltado el establecimiento de los límites de residuos como una de las cuestiones más preocupantes. “Estamos en sintonía con el documento de la presidencia italiana” y actualmente trabajamos para “conseguir un consenso con el sector en Andalucía”, ha aclarado Víboras.
