La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha informado en comisión parlamentaria de la petición que se ha hecho desde Andalucía a las instituciones europeas para que se realice un estudio «riguroso y preciso sobre el impacto del Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia agrícola». Ortiz ha asegurado que a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, interlocutor natural como Estado Miembro, hemos «trasladado las inquietudes y preocupación de los sectores agroalimentarios» ante las posibles consecuencias de este acuerdo.
Asimismo, ha añadido que «en los distintos Consejos Consultivos y Conferencias Sectoriales hemos planteado la imperiosa necesidad de que se ofrezca información detallada sobre cuestiones como el sobrecoste de las prácticas que son obligatorias para los productos europeos en relación a los norteamericanos, la valoración de los apoyos económicos necesarios para compensar los efectos perjudiciales, la revisión de los precios de referencia en las operaciones de retirada para mejorar la eficacia de los mecanismos de intervención, así como la necesidad de que se reflejen con precisión las distintas variedades y precios de productos importados».
Según Ortiz, EEUU es el principal destino de las exportaciones andaluzas agroalimentarias extracomunitarias, con un valor promedio de 361 millones de euros al año. En este sentido, ha reconocido que «el TTIP ofrece la oportunidad de aumentar las ventas en sectores como el aceite de oliva, aceitunas, vinos con denominación y brandy, a la vez que abre la posibilidad de introducir en el mercado norteamericano productos como el jamón». Sin embargo, las diferencias normativas entre EEUU y la UE conllevan una serie de dificultades a la hora de exportar productos ganaderos de sectores como el bovino, porcino y avícola. En concreto, el modelo europeo, mucho más exigente que el norteamericano, establece requisitos con elevados costes para el ganadero comunitario relativos a seguridad animal, trazabilidad y exigencias medioambientales, entre otros.
En sectores como el hortofrutícola el acceso al mercado estadounidense de nuevos productos exige también procedimientos de autorización muy dilatados en el tiempo.
La consejera ha insistido en la preocupación del Gobierno andaluz por la poca transparencia y la renuncia de EEUU a abordar los temas agrícolas no arancelarios, como las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, «que para Andalucía constituyen un tema de primera magnitud».
Las negociaciones sobre el TTIP, que tiene como objetivo eliminar los aranceles y reducir las barreras no arancelarias, comenzaron en julio de 2013.
