Alfonso Merry del Val ha pedido trabajar juntos para “pensar en el Día D: cómo vamos a volver a abrir las tiendas, qué medidas de seguridad vamos a seguir y qué medidas de impulso al consumo vamos a adoptar”. Y, sobre todo, ha vuelto a demandar una estrecha y leal colaboración público y privada para lanzar medidas económicas en tres ámbitos urgentes:
- Ofrecer garantías de liquidez, mediante medidas de apoyo fiscal y financiero, para que las empresas que van a estar al menos dos meses cerradas puedan hacer frente a sus obligaciones con proveedores, acreedores y costes fijos de su estructura.
- Medidas de flexibilidad laboral, que permitan a empresas y trabajadores llegar a los acuerdos necesarios para salvar la compañía y mantener el mayor empleo posible
- Evitar el miedo a consumir en los próximos meses con nuevas medidas de impulso y apoyo.
Para abordar estos retos, el director general de ANGED, Javier Millán-Astray, ha propuesto desarrollar las siguientes medidas:
Para aliviar la presión fiscal y mejorar la situación financiera
- Ampliar el volumen de financiación garantizada por el Estado, para afrontar los gravísimos problemas de liquidez de las empresas que han tenido que cerrar total o parcialmente su actividad durante el estado de alarma, para dar confianza a proveedores y acreedores.
- Suspensión del pago de tributos y bonificaciones fiscales en el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad.
- Extender estas bonificaciones a CCAA y Ayuntamientos
- Eliminar el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.
- Bonificaciones fiscales para nuevas inversiones creadoras de empleo.
Para recuperar el mercado laboral
- Medidas para la seguridad de los empleados:
Priorizar a los trabajadores de la distribución de alimentos para la entrega o realización de los test. - Facilitar los test para los empleados que se encuentran en cuarentena a fin de agilizar su reincorporación.
Procedimientos más ágiles para:
- Modificar las condiciones de jornada y horario de los trabajadores en activo, con mayor flexibilidad para adaptar la oferta a los requerimientos sanitarios.
- Activación de entrada y salida de los empleados en los ERTES por Fuerza Mayor.
- Aplicación a vacaciones de los momentos de inactividad excepcionando los requisitos del artículo 38 del ET, como fórmula de aliviar las arcas del SEPE, y como sistema para que eventualmente, después y en temporada de verano, ventas especiales o navidad, se pueda realizar más jornada.
- Facilitar una distribución de jornada plurianual de manera irregular llevando más allá del 31 de diciembre de 2020 la posibilidad de recuperación de las horas no trabajadas.
Anticipar medidas para la vuelta a la normalidad productiva:
- Establecer una suerte de “puente” entre los ERTES por fuerza mayor y la recuperación de la actividad habilitando que se pueda negociar con los Sindicatos un proceso “híbrido” en el que no haga falta proceder a abrir un ERTE por causas ETOP ( económicas, técnicas, organizativas, o de producción), sino que la propia pandemia sea una causa productiva que se pueda anudar.
- Agilizar trámites y plazos, además de unificarlos en todo el territorio nacional. Las prórrogas autocomplacientes de determinadas administraciones territoriales en la resolución de los ERTES por Fuerza Mayor no se pueden repetir a futuro.
Para recuperar el consumo y la confianza de empresas y ciudadanos
- Relanzamiento del consumo doméstico, mediante planes renove y facilidades financieras.
- Más libertad comercial para adaptar la oferta de servicio a la demanda y la recuperación económica
- Apoyo al turismo de compras y ampliación de las zonas de gran afluencia turística.
Para mejorar nuestro entorno regulatorio
- Una simplificación normativa que reduzca los costes de transacción, las barreras al crecimiento de las empresas y los costes de oportunidad que hoy suponen las más de 300 normas de ámbito estatal, autonómico y local que soporta el comercio
- Dar cumplimiento a las medidas de buena regulación prevista en la Ley de garantía de unidad de mercado.
VAMOS A VER UN DESPLOME DEL CONSUMO SIN PRECEDENTES, QUE EN MUCHAS CATEGORÍAS COMERCIALES PUEDE TRADUCIRSE EN UNA CAÍDA DE LA FACTURACIÓN ENTRE EL 25% Y EL 50%.
