Las organizaciones agrarias que forman parte del Consell de l’Horta –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV)– junto al movimiento social Per l’Horta han puesto en común una serie de medidas y reivindicaciones con el objeto de revertir la crítica situación que atraviesan los productores de cebollas y patatas en la huerta valenciana.
Estas entidades han acordado promover, dentro del Consell de l’Horta, la convocatoria de reuniones con las principales organizaciones representativas de la distribución alimentaria –la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA) y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)– a fin de abordar respuestas urgentes a los graves problemas de comercialización de las cebollas y las patatas locales. Denuncian que las cadenas de distribución están primando en sus lineales las importaciones foráneas, procedentes de otros países tan lejanos como Nueva Zelanda o Perú, mientras en la huerta las compras están prácticamente paralizadas y cuando los comercios ofrecen precios a los agricultores son ruinosos e incluso en muchos casos no compensan ni los gastos de recolección: en el caso de la cebolla la cotización se ha desplomado hasta los 8 céntimos de euros por kilo (€/kg) y en el de la patata hasta los 14 céntimos de €/kg, generalmente un 50% por debajo de los costes de producción.
El sector agrario también pretende concienciar sobre la desastrosa marcha de la campaña y recabar la colaboración de los representantes de los consumidores –la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCE) y la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius– haciendo hincapié en la importancia a la hora de comprar de elegir productos de la huerta que garantizan los mejores estándares del mundo en frescura, artesanía, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente.
Las organizaciones agrarias y Per l’Horta también han decidido, en el marco del Consell de l’Horta, solicitar a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que determine, a través de un estudio a cargo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) o de otro organismo público que estime oportuno, los costes de producción de los cultivos más importantes en la Huerta de Valencia que están padeciendo problemas de mercado o tienen riesgo de ello: cebolla, patata, alcachofa, tomate, calabaza y melón. Una vez establecidos esos costes de producción, las asociaciones anuncian que presentarán denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, para que investigue las operaciones de compraventa puestas en conocimiento que se hayan cerrado con precios por debajo de costes.
Además, ya sin el paraguas del Consell de l’Horta, las mencionadas entidades agrarias y sociales solicitan al Ayuntamiento de Valencia la organización de un mercado extraordinario en la ciudad dedicado exclusivamente a la venta directa al consumidor de cebollas y patatas por parte de los productores de la huerta valenciana. La fecha propuesta sería una mañana del domingo 13 o 20 de junio en un espacio céntrico de la capital del Turia, con buen acceso para facilitar la carga y descarga de los productos. Las organizaciones agrarias y Per l’Horta son conscientes de que esta iniciativa no es la solución definitiva, porque son miles de toneladas de cebollas y patatas las que están a la espera de comercializarse en los mercados, pero al menos contribuye a concienciar a los ciudadanos acerca de las ventajas de consumir productos de proximidad. En este sentido, las organizaciones reiteran la demanda de que esta venta directa se realice en un tiempo no muy largo bajo una marca de calidad de productos de la Huerta de Valencia.
El colectivo Per l’Horta, las organizaciones agrarias y ecologistas presentaron en abril el manifiesto ‘Ara, preus justos a l’horta’ para reclamar medidas a las administraciones para garantizar una viabilidad económica a los agricultores. La Ley de la Huerta de Valencia, impulsada por la Conselleria de Territori i Habitatge, ha supuesto una mejora en la protección del paisaje de la huerta a costa de imponer mayores limitaciones, restricciones y obligaciones a los titulares de las explotaciones agrarias que pueden afectar a su rentabilidad. Es por esto que sindicatos agrarios y colectivos agraristas y ecologistas coinciden en reclamar medidas compensatorias y de protección para las personas que mantienen el paisaje de este territorio.”
