La caída de precios de calabacín, berenjena y tomate ya ‘está’ en manos de la Ministra
La caída de los precios del calabacín, berenjena y tomate, que han alcanzado incluso el 204,4% en el campo, está provocando un serio malestar en los agricultores que no sólo han decidido salir a la calle este martes 14, sino que han elaborado una carta que COAG Almería ha enviado a la ministra, Isabel García Tejerina, para que tenga conocimiento de esta realidad y actúe para investigar qué está sucediendo y cuáles son las causas de este descenso que no se refleja en los precios a los consumidores.
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En la misiva, COAG Almería destaca que surante las dos últimas semanas han observado “un brusco desplome de dichos precios en el campo, que no se corresponde con la situación real de oferta-demanda y que además no se está repercutiendo a los precios pagados por el consumidor. Por ejemplo, en el caso de los precios del calabacín, en destino se han reducido sólo un 6,3% entre la semana 4 y la semana 6 de 2017, mientras que la caída de las cotizaciones en campo ha sido de un 204,2%. En berenjena la evolución ha seguido la misma tónica y mientras los precios al consumidor se han elevado un 2,6% al productor han bajado un 83%”.
Asimismo, tras reconocer que tras el temporal de frío y nueve la situación productiva se ha recuperado en cierta medida se incide en que “la caída de precios no responde, en ningún caso, a un pico de producción ni a un excedente de los mercados en origen”.
En este sentido, COAG Almería solicita que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes por parte de su departamento, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y se soliciten investigaciones a otros departamentos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
COAG Almería considera necesario el control por parte de AICA de la aplicación de la ley 12/2013 en cualquier época y circunstancia de mercado, “y especialmente en estos momentos de especulación en la cadena”, ya que consideran que hay “además, determinados indicios que conducen a valorar la posibilidad de alteraciones coordinadas de los precios por compradores en origen, cuestión que debería ser investigada y, en su caso penalizado, por las autoridades de competencia”.
Fuente: Agroinformacion.com