En el año 2022 se aprobaron casi 1.000 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Esto supone una media de 2,7 desarrollos legislativos al día y duplica el número de 1,3 normas diarias -476 en total- que registró el año 2019, previo a la pandemia, según datos de WorldLex. Durante los años 2020 y 2021, se batieron récords derivados de la normativa COVID (8,9 y 7,5 normas diarias, respectivamente), pero la vuelta a la normalidad sanitaria no ha supuesto una relajación de la presión normativa sobre los establecimientos comerciales con respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria.
Esta situación preocupa por el gran esfuerzo económico y administrativo que supone para las empresas de distribución el seguimiento y aplicación –a veces en tiempo récord, como ocurrió el pasado mes de diciembre con el cambio temporal de los tipos de IVA a algunos productos de alimentación-. A esto se añade la gran presión financiera derivada de los altos costes de energía, carburantes o materias primas, entre otros, que está soportando el sector.
“La carga normativa sobre el sector del comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso”, dijo Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.
En este sentido, un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos para la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE, titulado “La mejora de la calidad institucional del comercio en España. Cuantificación de su impacto económico y social”, señala las consecuencias económicas de la alta presión normativa a la que está sometido el sector. Entre ellas, destacan la no creación de 88.000 empleos, un incremento del IPC de 1,7 puntos, un impacto negativo en la inversión de 770 millones de euros anuales y, paradójicamente, una reducción de la recaudación fiscal de la Administración de 870 millones de euros anuales.
Entre las medidas que se proponen para hacer frente a esta situación, cabe mencionar la adopción del silencio administrativo positivo, la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable, la racionalización fiscal o la digitalización de la Administración pública.
