Tras dos años de incrementos en los costes –transporte, electricidad, insumos…-, en el año 2023 al sector también le han afectado muchísimo las temperaturas extremas. Debido a esta situación, durante este largo periodo, los agricultores han experimentado alzas en sus costes que, en algunos casos, han superado el 100 por ciento respecto a años anteriores, y que han ido trasladando a los precios. Al mismo tiempo, se ha producido un estrechamiento de los márgenes en el eslabón más cercano al consumidor gracias a la enorme competitividad del sector de la distribución alimentaria, que ha hecho grandes esfuerzos para incrementar la eficiencia en sus costes operativos.
Hemos de tener en cuenta que la inseguridad persiste en este comienzo del año 2024. Las tensiones geopolíticas continúan –con la posible influencia que ello puede tener en los mercados de la energía y de las materias primas-; la legislación en diferentes aspectos que afectan a la operatividad de las empresas sigue incrementando mucho los costes y, por último, la crisis climática parece abocarnos a una gran incertidumbre sobre las producciones agrarias. Las empresas necesitan trabajar en un entorno que fomente la competitividad y que les permita tener flexibilidad para abordar las diferentes crisis que puedan venir.
Legislación
Desde hace tiempo, venimos reclamando menos, pero mejor legislación. Un comercio que opere en cualquier ciudad española tiene que conocer más de 3.000 normas para su funcionamiento. Esto significa un enorme coste administrativo y económico que lastra su competitividad y que un informe de CEOE dedicado a los nuevos costes que soportan las empresas ha cifrado en más de 1.400 millones de euros al año. Prácticas como el silencio administrativo positivo o la declaración responsable deberían generalizarse para reducir burocracia y facilitar el desarrollo empresarial.
Este problema se presenta, además, en todas las administraciones: la local, la autonómica, la estatal y la europea. Lo que estamos reclamando es que, a la hora de legislar, rijan los principios de necesidad, seguridad y estabilidad de la norma y que, además, se hable con los sectores para alcanzar juntos los objetivos que se fijen de la manera más eficiente.
Ley contra el plástico
Tenemos sobre la mesa un importante paquete legislativo en materia de sostenibilidad medioambiental, que tiene un enorme coste económico y operativo para la cadena agroalimentaria. De manera general, hay una fuerte corriente en Europa, e incluso en la COP 28, que pide revisar los objetivos del Green Deal –en los que está incluido el paquete Farm to Fork- para que, sin abandonar la necesidad de actuar contra el cambio climático, se tenga en consideración la competitividad empresarial ya que, en sus objetivos, puede ser un lastre importante para el desarrollo económico.
Entre los desarrollos que hay ahora mismo sobre la mesa, uno de los que más preocupa es el Reglamento de Envases y Residuos de Envases. Éste propone una serie de medidas relativas a los modelos de reutilización y reciclado, que tendrían un alto impacto económico y operacional sobre la totalidad de la cadena de suministro –desde la producción a la comercialización-. Una quincena de organizaciones españolas ha pedido un análisis objetivo y completo de la cadena de valor que tenga en cuenta las peculiaridades de cada país, en línea de lo acordado en noviembre por el Parlamento europeo y de lo que han pedido diez países liderados por Italia y Finlandia.
Un comercio que opere en cualquier ciudad española tiene que conocer más de 3.000 normas para su funcionamiento
Además, entre otros, tenemos horizontes de reducción del uso de gases fluorados en las instalaciones de refrigeración que aseguran la cadena de frío o de instalación de cargadores para coches eléctricos en los aparcamientos, cuyo cumplimiento es incierto por problemas de disponibilidad de la tecnología sustitutiva adecuada y que requieren de enormes inversiones.
En definitiva, el comercio está sometido a un constante incremento de la presión fiscal que, unida a los complejos paquetes legislativos relacionados con la sostenibilidad medioambiental, plantean un entorno complicado que puede poner en peligro la competitividad de las empresas de distribución alimentaria. La cuestión laboral y la cuestión medioambiental son dos áreas en las que hay que trabajar con la vista puesta en la productividad y en la eficiencia empresarial.
Por poner un ejemplo, uno de los desarrollos legislativos que más preocupa ahora mismo es el futuro Reglamento contra la Morosidad, que propone limitar los plazos de pago en 30 días en todas las transacciones entre empresas, con independencia del sector y del tamaño. Se calcula que el coste de esta medida es de unos 150.000 millones de euros en toda Europa –unos 4.000 millones solo en las empresas de ASEDAS-. Se priva a las empresas de un elemento de negociación que, en nuestro sector, no plantea problemas con los proveedores. En el comercio se cumplen las normas de forma generalizada y, por tanto, no hay morosidad. Es una medida poco reflexionada, en nuestra opinión.
Consenso
En línea con todo lo anterior, necesitamos mucho diálogo, que se escuchen las necesidades del sector de la distribución alimentaria desde una visión de cadena que incluya al consumidor y que se alcancen consensos amplios para alcanzar los objetivos que se nos fijen sin perder competitividad. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene una línea de actuación que casi siempre es de gran ayuda para abrir estas vías de comunicación y estamos seguros de poder profundizar en ello en esta nueva legislatura. En este sentido, una cuestión que quedó pendiente en la anterior legislatura es aclarar algunos puntos de la aplicación de la Ley de la Cadena que han creado gran inseguridad jurídica entre los operadores.
Demasiada legislación para las empresas que frenan su crecimiento como:
- Reglamento de Envases y Residuos de Envases
- Reglamento contra la Morosidad
- Algunos puntos de la Ley de la Cadena
