El sector de la fresa se defiende del ataque de Alemania y pone en valor la gestión del agua para riego

Elio Sancho 

Con la campaña de la fresa española a punto de finalizar, ha surgido una polémica procedente de Alemania. Hace unos días, la plataforma ciudadana alemana Campact ha hecho un llamamiento a los supermercados de su país para que no comercialicen fresas procedentes de España con el argumento de que se cultivan mediante el uso “ilegal de agua”, lo que amenaza el “frágil ecosistema” del Parque Nacional de Doñana. Esto da cuenta del impacto internacional que ha tenido la criticada gestión del Ejecutivo andaluz.

Las reacciones se han producido en cadena, tanto desde el propio sector como desde las organizaciones agrarias e, incluso, desde las Administraciones, con ‘fuego cruzado’ entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo, a un mes y medio de las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Interfresa

La campaña de Campact, a la que ya se han sumado más de 150.000 personas para detener lo que denominan “venta de fresas de sequía”, ha recibido los calificativos de falsa, dañina e insidiosa por parte de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa. La interprofesional niega la acusación de que la industria de la fresa esté “explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana” o que “se bombeen enormes cantidades de agua” y garantiza que los frutos rojos producidos en Huelva están avalados y garantizados por las certificaciones y los protocolos internacionales más exigentes.

El sector de la fresa ha anunciado que prevé iniciar una ronda de contactos con las empresas distribuidoras alemanas para aclarar lo ocurrido

Interfresa recalca que, en su forma de trabajar, la industria fresera incorpora siempre las técnicas más punteras que garanticen el uso eficiente y el ahorro de agua, convirtiéndose en los últimos años en un referente para otros países, gracias a la implementación de riego eficiente y el impulso del cultivo hidropónico.

Gobierno central

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, opinó sobre esta campaña al lanzar en su cuenta personal de Twitter el siguiente mensaje: “El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana”. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se pronunció en esta red social: “Es imprescindible despejar ya cualquier duda: Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana”.

Gobierno regional

El presidente del Ejecutivo andaluz no tardó en responder a Pedro Sánchez afirmando que la “manipulación” se le “ha ido de las manos” al Gobierno, ya que “hablar mal de Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias”, además de que “están jugando con el pan de miles de familias”. Y concluyó diciendo que “Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia. ¡Ya está bien!”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha solicitado una “reunión urgente” con las principales cadenas de distribución alemanas y ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que defienda al sector de la fresa y “acabe con los ataques injustos que está recibiendo por cuestiones ideológicas que nada tiene que ver con su actividad profesional y a las que está dando pie el Gobierno de España con el ataque frontal contra Andalucía”. Además, ha pedido al presidente del Gobierno que “aclare inmediatamente qué conexión tienen los socialistas alemanes con la campaña de descrédito impulsada en Alemania contra la fresa de Huelva”.

Distribución alemana

El sector fresero español ha anunciado que tiene previsto iniciar una ronda de contactos con las empresas distribuidoras alemanas para aclarar lo ocurrido. Por su parte, la cadena alemana Aldi ha lanzado un comunicado en el que se compromete a trabajar “solo con aquellos productores que, en caso de estar ubicados en zonas catalogadas como de riesgo hídrico, demuestran hacer uso razonable y sostenible del agua de regadío”. La empresa alemana apunta que son “conscientes del impacto y responsabilidad en toda la cadena de valor en relación al respeto al medioambiente y a las personas”, por lo que “evaluamos de forma periódica posibles riesgos en materia medioambiental a lo largo de la cadena de suministro”.

Aldi ha comunicado que se compromete a trabajar “solo con aquellos productores que, en caso de estar ubicados en zonas catalogadas como de riesgo hídrico, demuestran hacer uso razonable y sostenible del agua de regadío”

Organizaciones agrarias

UPA Huelva se ha mostrado contundente al afirmar que la mayoría de los productores de frutos rojos se encuentran entre 40 y 100 kilómetros de distancia del Parque Nacional de Doñana. Además, califica de “fake news” la campaña de  Campact, que busca desinformar al consumidor alemán para que dejen de comprar la fresa de Huelva en favor de la fresa alemana. Además, recuerda que esta campaña aprovecha que el foco político y mediático sigue puesto en la Proposición de Ley de Ordenación del Territorio en la Corona Norte de Doñana, una medida cuya gestión llega tarde y mal por parte de la Junta de Andalucía, según UPA Huelva, que considera que se debe definir de una vez por todas el número de hectáreas afectadas por esta proposición de ley. Esta ley reconocería como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.

La Junta Directiva de Asaja, por su parte, ha solicitado la dimisión de la ministra Teresa Ribera por “alentar al boicot de la fresa de Huelva” y lo califica de “clara agresión hacia miles de productores y sus familias”. Además, la organización agraria ha instado al presidente del Gobierno y a su gabinete a que “no utilicen al sector agrario como arma arrojadiza en la confrontación política y se abstengan de infringir más perjuicios a los productores”, recordando que las consecuencias “pueden ser desastrosas para un sector que pasa por momentos de graves dificultades e incertidumbres: sequía, inestabilidad de los mercados, falta de rentabilidad de las explotaciones, bajos precios en origen, altos costes de producción y normativas lesivas”.