Según ha dado a conocer la Junta, ambos dirigentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta y firmarán el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana.
Antes de la presentación pública del acuerdo, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, a sugerencia de la Junta, ha convocado a los miembros del Consejo de Participación de Doñana a una reunión para darle cuenta del contenido del mismo en el Teatro Salvador Távora de Almonte (Huelva).
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«Diálogo» con todas las partes
El pasado 3 de octubre, Moreno y Ribera anunciaban tras una reunión que se posponía la aprobación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana en el Parlamento andaluz y que ponían en marcha un «diálogo» con todas las partes, en principio de un mes, para buscar una solución tanto a este asunto como al desarrollo territorial de la comarca.
Para ello se formó un grupo de trabajo que se reunió el pasado 9 de octubre y que, desde entonces hasta ahora, ha mantenido encuentros y recibido aportaciones de los distintos agentes económicos y sociales de la comarca para buscar una solución lo más consensuada posible.
Según se indicó en su día, el acuerdo será similar al de la Oficina Técnica del Mar Menor (Murcia) y tendrá el objetivo de marcar las actuaciones prioritarias en el parque nacional andaluz y proteger el ecosistema junto con las condiciones socioeconómicas en la zona.
Pasado el mes de plazo, representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno han llamado a esperar en varias ocasiones y se han mostrado siempre optimistas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que representa a los agricultores a los que beneficiaría esa nueva regulación que se llevó al Parlamento, pidió hace unos días que la iniciativa volviera a la Cámara andaluza para su debate y aprobación, petición a la que se sumo Vox.
El acuerdo
En ese encuentro, se informará del acuerdo alcanzado entre el Gobierno estatal y el regional para darle salida a la polémica legalización de unas 700 hectáreas de fresas irregulares por parte de la Junta.
En el primer encuentro, el Gobierno central se comprometió a una inversión de 350 millones de euros en la comarca -la zona más al oeste de Doñana- con el fin de evitar que se legalicen cultivos que inciden en el sobreexplotado acuífero de Doñana, que lleva incluso a la desecación de lagunas. Ribera avanzó que se dará a la comarca alternativas «basadas en cosas que no supongan más agua». Para tratar de alcanzar un acuerdo, el Ejecutivo andaluz congeló la ley de regadíos antes de que el Parlamento andaluz le diera el visto bueno.
