La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha explicado que el próximo lunes 12 se reunirá con las grandes distribuidoras de alimentación y asociaciones de consumidores para abordar su propuesta de acordar una cesta de la compra con precios máximos establecidos.
En declaraciones a los medios en el Ministerio de Trabajo recogidas por Efeagro, Díaz ha detallado también que hoy jueves, a las 11:00, mantendrá una primera reunión con Carrefour. La ministra ha insistido en que no se trata de una intervención de precios, sino de llegar a un acuerdo sobre una cesta de compra básica con precios limitados. Ha señalado que lo planteado en Francia en esta línea es un modelo «razonable y positivo para todo el mundo». La vicepresidenta ha reconocido que aún no ha abordado este tema con patronal y sindicatos de manera formal y ha apuntado a la necesidad de tener también en cuenta a los productores.
Díaz ha lanzado esta semana la propuesta de limitar los precios de unos veinte o treinta artículos de la cesta básica de alimentos ante la escalada de precios que la han encarecido. Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, confirmó que el Gobierno estaba analizando esta propuesta que ha sido recibida con escepticismo por la cadena de valor alimentaria. «El presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) está volcado en bajar la inflación» y uno de los principales problemas en este sentido está en la cesta de la compra, ha asegurado.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha apuntado que no dejan de «explorar vías para hacer propuestas» que sean útiles a las familias y que tengan «efecto inmediato». Si bien todos los eslabones de esa cadena coinciden en la preocupación por esta situación, hay diferencias plausibles en las soluciones que proponen.
Los alimentos se encarecieron un 283% desde el campo a la mesa en agosto, según los datos de la organización de productores COAG, que teme al igual que UPA y Asaja que sea el primer eslabón quien pueda pagar la factura de esta medida.
Algunas cadenas de distribución ya están desarrollando sus propias iniciativas como la de potenciar la marca blanca aún más de DIA -lo que según sus cálculos puede abaratar hasta un 25 % la factura en el súper- o la de lanzar una cesta de 30 productos a un precio fijo que ha anunciado este mismo miércoles Carrefour.
Los agricultores
La propuesta de limitar los precios ya fue rechazada el pasado martes por la organización agraria Asaja, cuyo presidente, Pedro Barato, ha criticado los «caprichos y egoísmos personales» de Díaz, que «van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agro». En su opinión, este tipo de medida acabará por «castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos» agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos.
COAG ha coincidido con el Gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios asequibles, pero ha abogado antes por «atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria» mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Para esta organización, el agricultor, «el eslabón más débil de la cadena», acabaría pagando la factura de una iniciativa como la de topar el precio de los alimentos más básicos, al tiempo que ha defendido la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo necesiten. Según sus datos, el precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor subió un 283% el pasado agosto, con frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias como los que productos en los que más se ha elevado, todos por encima del 500%.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha señalado que, en primer lugar, Díaz «debería preocuparse de que se cumpla la ley de la cadena» y se paga a los agricultores al menos por los costes de producción.
Posteriormente, ha apoyado el «control de la especulación», para que no haya un aumento «disparatado» de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido analizar el impacto que tendría sobre la cadena alimentaria un pacto de precios sobre alimentos básicos y ha criticado la propuesta de Díaz por no haber contado con la opinión de los sectores afectados.
La distribución
Por el lado de la distribución, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), compuesta por unos 30.000 socios, ha apuntado que la cadena de valor del gran consumo lleva «mucho tiempo» conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación. La patronal ha instado a aplicar rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos y «a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector». Ha precisado que el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte.
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, se ha mostrado «abierto al diálogo» con la Administración sobre el precio de los alimentos, siempre que se base en datos «ciertos y reales», y se respete el límite del derecho de la competencia. El responsable de Asedas, que agrupa entre otros a Mercadona, LIDL o DIA, ha señalado que comparten la «preocupación por los precios» y que han pedido medidas urgentes, como la bajada del IVA en algunos alimentos, que en principio ha rechazado el Gobierno.
Los consumidores
La organización de consumidores Facua ha defendido la intervención de los precios en ciertos alimentos básicos como una medida «extraordinaria» con vistas a reducir la especulación, como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas. El secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha afirmado que «muchas empresas están especulando con los precios y aumentando de forma injustificada sus márgenes de beneficio», lo que está empobreciendo a la población.
Fuente: Efeagro
