El cultivo de ajo, en la encrucijada: un 37% más de costes y atrapado en la maraña legislativa

El cultivo de ajo en España está atravesando una situación delicada. La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA) avisa de que la superficie dedicada a su producción ha descendido en torno a un 20% en la actual campaña, al pasar de las 29.385 hectáreas del año pasado a alrededor de las actuales 23.500.

Esta es la estimación que realiza el director y gerente de ANPCA, Luis Fernando Rubio, a la espera de los datos oficiales. “En el último año, los costes de producción se han incrementado un 37%, mientras que nosotros no hemos repercutido aún el aumento de costes a la distribución con respecto al año pasado”, apunta.

Reconoce que “el principal problema del sector en España es la inflación que está padeciendo la Unión Europea”. Rubio explica que, respecto al ajo, “el principal factor de compra del consumidor europeo es el precio”, lo que condiciona en gran medida al sector porque “el 80% del ajo español se destina a la exportación europea”. Esta situación que beneficia a los países terceros como China, que “están aumentando sus ventas a la UE porque su producto es más barato, ya que es de menor calidad y tiene deficiencias en la seguridad alimentaria, lo que nos está haciendo mucho daño, reduciendo el consumo y la compra de ajo de origen español”.

Estos son los motivos principales del descenso de superficie cultivada de ajo en España, a juicio de ANPCA, a los que suma el aumento de la burocracia y de la inversión necesaria para cumplir con el aluvión de medidas legislativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas, la entrada en vigor de la nueva PAC con sus ecoesquemas y la obligatoriedad de implementar el uso del cuaderno digital, así como las leyes de envases, la de reducción del uso de fertilizantes y la de contratos agrarios.

Detrás del incremento de los costes de producción está el alza del precio de la energía, la mano de obra y los arrendamientos, problemas que se unen a la sequía, la escasez de agua y las oscilaciones climáticas en momentos clave de la campaña.

Todo ello configura una complicada coyuntura, que plantea un futuro incierto. “La nueva normativa incrementa aún más los costes, es complicado implantar el cuaderno digital en el plazo previsto (el próximo mes de septiembre), teniendo en cuenta que la mayoría de los productores no son de una generación familiarizada con la digitalización”, señala Rubio, lo que provocará aún más “abandonos de explotaciones, prejubilaciones o ventas de fincas, parece que la solución pasa por explotaciones más grandes, aprovechando las economías de escala”.

El sector solicitó a finales de noviembre una moratoria para la entrada en vigor de este amplio paquete legislativo, pero, hasta la fecha, no han recibido respuesta por parte del Gobierno. “No hay respuesta ni se la espera”, reconoce el director de ANPCA, organización que representa al 80% de la producción nacional y cerca del 60% de la superficie cultivada.

La explicación de la diferencia del precio entre origen y destino

El precio que está pagando el consumidor final por el ajo se ha disparado, encareciéndose un 877% en febrero, según los datos del último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora cada mes la organización agraria Coag. Por su parte, las cotizaciones en origen no corren la misma suerte. Según el IPOD, el precio percibido por los productores de ajo en febrero ha sido de 0,61 euros el kilo, frente a los 5,96 pagados por el consumidor, lo que significa que se ha multiplicado por diez desde que sale del campo hasta que llega al usuario final.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, detalla que esas cifras no se ajustan a la realidad. Bacete indica que esos 0,61 euros/kilo es el precio de entrada en la cooperativa, pero que el agricultor cobra, como mínimo, el doble, en torno a 1,2 euros/kilo, y que cuando sale de la cooperativa, con el valor añadido que supone haberlo confeccionado, tiene un precio de entre 2,5-3 euros/kilo, a lo que hay que sumar, posteriormente, el margen de los intermediarios hasta que llega a los lineales de los supermercados.

Respecto a la situación del sector, Julio Bacete cifra en más de un 25% el descenso de la superficie cultivada en España respecto a la campaña pasada y reconoce que hay un problema de “relevo generacional” que se verá agravado con la llegada de “los grandes grupos de inversión y la macroagricultura”. El problema del ajo español también lo están padeciendo en Italia y Francia, señala, pues cada vez hay menos herbicidas y fungicidas permitidos por la UE, lo que está mermando la productividad e, incluso, la calidad.

La situación del sector y los retos actuales y de futuro que tiene ante sí serán objeto de debate en la próxima asamblea general de ANPCA, que se celebrará el 23 de marzo en Balazote (Albacete), así como por parte de la Mesa Nacional del Ajo, que tiene previsto reunirse el próximo 21 de marzo.