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Revista del Sector Hortofrutícola

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El campo granadino exige el fin de la competencia desleal

La concentración se llevó a cabo ayer martes 21 de julio en el puerto de Algeciras exigiendo que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos que los europeos.

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Las organizaciones agrarias provinciales ASAJA, COAG, UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, han participado en la concentración regional llevada a cabo en el Puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario, acosado por la entrada descontrolada de productos agroalimentarios de terceros países a la UE, incumpliendo las normas europeas (medioambientales, socio-laborales y fitosanitarias) y sin respetar los acuerdos comerciales (en fechas, en cupos y en calidades) en los que se amparan para ingresar en territorio europeo.

Con carácter simbólico, debido a las circunstancias sanitarias, un centenar de representantes han participado en esta movilización para demandar un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor (origen, fechas, cupos y calidades), alertar contra la firma de nuevos acuerdos y condicionar la firma de los mismos a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.

Para las organizaciones convocantes, esta concentración ha simbolizado la denuncia constante de los incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros, mientras que las autoridades hacen oídos sordos, permitiendo la entrada masiva y descontrolada de productos agroalimentarios, lo que hiere de muerte a nuestro tejido productivo, desestabilizando el mercado y engañando a los consumidores.

Las organizaciones exigen el cumplimiento del principio de preferencia comunitaria -primero lo producido en la Unión Europea-, así como el principio de reciprocidad, es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales.

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