UPA Huelva denuncia que existe una diferencia entre lo que recibe el agricultor por el arándano y lo que paga el consumidor de un 500%, lo que causa unas graves consecuencias de «saturación física, pues no se debe a que exista un excedente de producto, sino el elevado precio de venta para el consumidor hace que el producto no sea asequible para el consumidor medio», según explica el secretario general de UPA en Huelva, Manuel Piedra.
Esto no es algo nuevo ya que Manuel Piedra viene reiterando esta situación no sólo en el caso del arándano sino también para otros productos, lo que denomina una “escandalosa diferencia de precio”. Con datos en la mano y sobre el caso del arándano mientras que el agricultor está recibiendo 2,69 €/kilo, el precio de venta para el consumidor se establece entre 16 y 18€/kilo, según los datos del observatorio de precios de la Junta de Andalucía de la tercera semana de mayo y lo que se puede ver en los comercios.
El responsable de UPA en Huelva valora que “mientras en el punto de venta los consumidores lo pagan a precio de ‘producto gourmet‘ los agricultores están dejando de recolectar porque el precio que reciben no compensa los costes ni el esfuerzo de la producción” y a su juicio “la solución es simple: si las cadenas hubiesen bajado los precios de venta se hubiese equilibrado la oferta y la demanda; y tendríamos mejores precios al mismo tiempo que hubiera aumentado el consumo”.
UPA Huelva insiste en que “no sobran arándanos, sobran especuladores que quieren hacer su agosto a costa del trabajo y del esfuerzo de los agricultores y agricultoras, provocando la ruina y desesperación en el sector”.
Ante esta situación UPA Huelva seguirá trabajando en la nueva ley de agricultura para que, entre otros aspectos, “se proteja al agricultor y al ganadero dentro del mercado, dado que es uno de los eslabones más débiles de la cadena”. La organización se propone impulsar una especial protección a los agricultores y ganaderos y añadir herramientas de transparencia en el mercado para que este tipo de casos estén regulados y no se caiga en una especulación de precios cuyos afectados son el sector agrícola y ganadero y los consumidores.
