La distribución alimentaria europea vuelve a encontrarse ante una decisión incómoda, decidir cuánto puede absorber de una crisis internacional y cuánto debe trasladar al lineal. Si la tensión en el estrecho de Ormuz se prolonga, el impacto no se limitará al petróleo o al gas. Alcanzará a fertilizantes, costes logísticos, industria alimentaria y, en última instancia, a la cesta de la compra.
El estrecho de Ormuz es una de las grandes arterias del comercio mundial. Por él circula una parte muy relevante del petróleo y del gas natural licuado. Pero su valor estratégico no termina ahí. Por esa ruta transitan, además, fertilizantes esenciales para la agricultura intensiva, especialmente los nitrogenados, que sostienen buena parte de los rendimientos actuales en cultivos como cereales, arroz, hortalizas o frutales. Si ese flujo se interrumpe durante semanas o meses, la presión se extiende mucho más allá del mercado energético.
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El primer efecto es ya conocido. Suben las materias primas energéticas. El segundo -más silencioso, pero igual de importante- es el encarecimiento de los insumos agrícolas y de los costes de transformación y distribución. En un escenario prolongado, el petróleo, el gas y los fertilizantes pueden registrar aumentos muy intensos. Eso se traduce en mayores costes para agricultores, fabricantes y operadores logísticos. Y cuando la factura crece en varios eslabones a la vez, el sistema alimentario entero entra en tensión.
En el caso de España, el golpe puede ser especialmente sensible. Se combina una producción agrícola muy expuesta a los costes de energía y fertilizantes con una elevada dependencia de determinados insumos importados. A ello se suma que cultivos como el olivar, el tomate de invernadero, el arroz o los cereales tienen estructuras de coste muy sensibles a cualquier alteración en el precio del gasóleo, la electricidad o los abonos. Es, por tanto, una amenaza con reflejo directo en sectores concretos y muy visibles para el consumidor.
Aquí es donde la distribución entra en el centro del debate. En la gran inflación de 2022 y 2023, los supermercados jugaron un papel visible en la contención de precios. Reforzaron la marca blanca, activaron promociones, ajustaron márgenes y apretaron la negociación con los proveedores. En parte gracias a esa estrategia, el consumidor no asumió de forma inmediata toda la subida de costes que venía desde arriba. Pero esa amortiguación tuvo un coste. La presión se desplazó en buena medida hacia fabricantes y productores, que operaron con menos margen de maniobra.
Ahora la gran incógnita es si la distribución volverá a actuar como colchón o si optará por proteger con más firmeza su rentabilidad. El contexto ha cambiado. Las cadenas llegan a esta nueva fase con más datos, más capacidad de análisis y más sofisticación comercial. La marca propia sigue ganando peso y ofrece flexibilidad para mover surtidos, formatos y precios sin renunciar al discurso del valor. Eso les da una ventaja clara a la hora de decidir qué parte del shock absorben y cuál trasladan.
Ese poder de decisión no es menor. Si la distribución traslada una mayor parte del aumento de costes al proveedor, los pequeños y medianos fabricantes pueden quedar muy expuestos. Ya soportan facturas más altas de energía, fertilizantes, transporte, embalajes y financiación. Si además deben ceder margen para no perder espacio en los lineales, la consecuencia puede ser una cadena de recortes, que se traducirá en menos inversión, menos innovación, menor diversidad de producto e, incluso, rebajas en calidad o en volumen. El problema no es solo económico. También afecta a la estructura competitiva del mercado alimentario.
Para el consumidor, el dilema es igual de claro. Si la distribución protege su margen, el alza se notará antes en el ticket de compra. Si decide absorber parte del impacto, la presión recaerá sobre sus resultados y sobre la expectativa de retorno de sus accionistas. La experiencia reciente sugiere que, en un entorno de costes tensos, el traslado de precios puede ser rápido.
Conviene no olvidar que en la última gran espiral inflacionaria ya hubo medidas públicas para amortiguar el golpe, desde rebajas fiscales en algunos básicos hasta mecanismos energéticos que ayudaron a contener parte del impacto. Si la crisis en Ormuz se prolonga, la combinación de políticas públicas, competencia regulatoria y decisiones empresariales será decisiva para repartir la carga. Pero, incluso con intervención institucional, el peso de la distribución seguirá siendo central. En un sector concentrado, con gran capacidad de compra y mucha información sobre el comportamiento del consumidor, los supermercados tienen más herramientas que nadie para modular la velocidad y la intensidad del ajuste.
Por eso, el verdadero dilema no es solo cuánto subirán los precios. Es quién asumirá primero el coste de la nueva tensión internacional. La distribución puede volver a desempeñar un papel de estabilizador, como ya hizo en la última crisis, o puede decidir que esta vez no está dispuesta a cargar con una parte tan visible del golpe. En ambos casos habrá consecuencias para los proveedores, para los consumidores y también para la imagen pública del propio sector. En una crisis que nace lejos de las tiendas, es precisamente en ellas donde acaba decidiéndose quién paga la factura.
