Consumo prohíbe la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil

Como explica por teléfono el nutricionista Juan Revenga, la OMS publicó en 2015 un documento que marcaba los niveles máximos de azúcar, grasas y sal aceptables para anunciar un producto destinado a los niños. Para ello, dividió los alimentos en 17 categorías y estableció que los más insanos no se deberían anunciar nunca, mientras que el resto podrían hacerlo si no exceden la cantidad de azúcar, sal o grasa marcada por cada 100 gramos para cada uno de ellos.

La norma toma como base esa división y asume que las cinco categorías de productos vetadas por la OMS no podrán anunciarse en España cuando se dirijan a menores, independientemente de su contenido en nutrientes. La primera categoría es la de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Le sigue el grupo de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería. Tampoco se podrán anunciar otras tres categorías que conforman los zumos, las bebidas energéticas y los helados.

En cambio, hay otros alimentos que se consideran sanos y siempre podrán publicitarse: carne fresca y congelada, pescado, aves de corral, huevos, fruta fresca y congelada, verduras y legumbres, además de raíces y tubérculos. Se excluyen las conservas de estos alimentos, además de la fruta en almíbar y la congelada con azúcares añadidos. Para el resto de categorías se establece un límite de contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso, se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos en cada producto.

Consumo restringirá los anuncios en canales infantiles de televisión durante todo el día, además de en programas de radio y televisión que tengan audiencia de menores de 16 años, antes y después de los espacios destinados al público infantil, y tampoco podrá emitirse publicidad de estos productos en los horarios de protección reforzada de menores (de 8.00 a 9.00 y de 17.00 a 20.00 en días laborables, y de 7.30 a 12.00 en sábados, domingos y festivos). En redes sociales, aplicaciones, internet y medios impresos no se anunciarán en contenidos para menores de 16 años.

El ministerio recuerda que este marco regulatorio es similar al de países como Reino Unido, Portugal o Noruega. “Los menores son personas consumidoras vulnerables y tenemos la obligación de protegerles frente a la publicidad”, ha señalado el ministro. Revenga coincide: “Esta propuesta es la más sensata, la más defendida por los nutricionistas y la que más vela por la salud de los menores”.

Obesidad infantil

Con esta norma el Gobierno pretende reducir las tasas de obesidad infantil. Según el estudio Aladino 2019, que se hace con encuestas a niños y niñas de entre seis y nueve años, un 40,6% de estos menores tiene exceso de peso, de los que el 23,3% está en niveles de sobrepeso y el 17,3% sufre obesidad. El estudio, elaborado por la Agencia Española de Nutrición y Seguridad Alimentaria (AESAN), muestra que los progenitores de los menores con exceso de peso —tanto quienes tienen sobrepeso como quienes tienen obesidad— no perciben el problema y frecuentemente consideran su peso como normal o solo como ligero sobrepeso. “La publicidad es una de las causas de esta cifra”, ha señalado el ministerio en un tuit. El 88,6% de los padres de escolares con sobrepeso no lo perciben como tal: un 42,7% cuando se trata de obesidad y un 19,1% cuando el niño sufre obesidad severa.

Consumo ya anunció hace unos días su intención de regular la publicidad de este tipo de alimentos en Youtube y las redes sociales, principales fuentes de información de los jóvenes. Ahora se confirma que será a través de un decreto. Durante la comparecencia, el ministro ha señalado que se trata de “un procedimiento rápido” y ha garantizado que se pondrá en marcha “el año que viene”, porque al tratarse de un decreto (y no de un decreto-ley), la regulación solo tiene que pasar por el Consejo de Ministros.

El control y las sanciones del nuevo decreto corresponderán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que supervisa “el correcto funcionamiento” del mercado de comunicación audiovisual, ha señalado Garzón. Esto supone desarrollar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011, en la que ya se planteaba una regulación más estricta de la publicidad para productos alimenticios.

La iniciativa ha soliviantado a los fabricantes. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asociaciones de la cadena alimentaria han mostrado su “sorpresa e indignación” por la medida. “Tanto en el contenido de la propuesta del Ministerio de Consumo, como en la forma y el lenguaje utilizados, consideramos que se ataca de manera gratuita e injustificada a los elaboradores de alimentos y bebidas”, explica Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, en una nota de prensa. El sector critica que los fabricantes llevan más de un año trabajando con el ministerio para reformar el Código Paos y que la industria de alimentación y bebidas “ha ofrecido reducir de manera voluntaria más de un 75% de la publicidad dirigida al público infantil”. “Es inadmisible un anuncio en el que se habla de defender a los niños de la industria alimentaria”, ha añadido García de Quevedo.

Por otro lado, el ministerio sigue decidido a aprobar Nutri-Score, un etiquetado voluntario —que no sustituye a la etiqueta actual— que califica los alimentos de más a menos saludables (de la A a la E y del verde al rojo) y lo plasma en una sencilla etiqueta frontal. En este caso, tanto la industria alimentaria como el Ministerio de Agricultura (PSOE) se oponen a ponerlo en marcha, aunque algunas empresas ya lo están aplicando voluntariamente. De hecho, PSOE y PP aprobaron este martes en el Senado una proposición para retrasar su entrada en vigor como etiquetado obligatorio, algo que solo puede hacer la Comisión Europea. Consumo defiende que lo aplicará porque figura en el acuerdo de coalición suscrito entre los dos socios del Gobierno, y que no se plantea su obligatoriedad, sino tan solo regular lo que ya existe. Lo más probable es que esta regulación se retrase.