El momento más temido por los agricultores del litoral de La Rábita y El Pozuelo (Albuñol, Granada) ha llegado. Un grupo de operarios de la Dirección Provincial de Costas ha iniciado los derribos de los invernaderos que ocupan terrenos de dominio público, ante la «impotencia y frustración» de los dueños, quienes desde lejos contemplaron cómo este miércoles dos de los 116 invernaderos afectados por este expediente de deslinde eran desmantelados. «Han venido con la Guardia Civil y nos tienen como si fuésemos delincuentes, no nos dejan ni acercarnos. Han entrado y han destrozado dos invernaderos que se encontraban en plena colecta de tomate y berenjena», indicó el portavoz de la plataforma de afectados, Antonio Castilla, tras producirse los primeros desalojos.
Cuarenta y cuatro días. Este es el tiempo que ha durado la ‘alegría’ de los agricultores de Albuñol, desde que el pasado 16 de octubre consiguieron detener los derribos de sus invernaderos. La falta de una orden judicial impidió a los operarios de Costas ejecutar unos deslindamientos que se remontan a los años 60. Fue en 1964 cuando se inició un proceso de deslinde en las zonas marítimo-terrestres de La Rábita y El Pozuelo, pertenecientes a Albuñol, que por entonces no llegó a llevarse a cabo.
Una década más tarde, las inundaciones a consecuencia de un temporal modificaron el borde del litoral, lo que propició que en 1975 se emitiese otro expediente de deslinde con una nueva delimitación del terreno sobrante.
Pese a ello, dos años después se estimó que «no era necesario» que los terrenos -un total de 25 hectáreas- pasasen a ser patrimonio de la Administración, por lo que fueron cedidos a agricultores que desde entonces han mantenido allí sus invernaderos.
Sin embargo, en el año 2000 se ratificó el deslinde en base al expediente de 1977, pero no ha sido hasta este año 2017 cuando Costas lo ha ejecutado. Ante esta decisión, los agricultores han protagonizado varias protestas para exigir la anulación de un expediente que entienden que, no solo está «desfasado», sino que además la zona se quedará sin utilidad y pasará a ser «playa seca».
El 16 de octubre hubo un primer intento de desalojo que quedó paralizado por la ausencia de una orden judicial; después, se notificó vía Boletín Oficial del Estado (BOE) que el 6 de noviembre era la fecha límite para abandonar los terrenos, a lo que se negaron los agricultores. Tras ello, ayer se iniciaron los derribos pero «sin los documentos necesarios para ejecutarlos».
Un grupo de operarios, acompañados de técnicos del Servicio Provincial de Costas y escoltados por la Guardia Civil, empezó este miércoles a desmantelar los primeros invernaderos y continuarán realizando los derribos «por fases, con forme vayan llegando las resoluciones judiciales», tal y como indicaron fuentes de la administración estatal.
Según indicó el portavoz de la plataforma de afectados de Albuñol, «mandaron seis órdenes pero no eran sentencias firmes. En ellas se daban 15 días para recurrir y una de las que se ha recurrido cumplía el día 6 de diciembre; pero de uno de los invernaderos no se tiene constancia judicial, por lo que no han respetado nada y han pasado por encima de la Ley».
Ante ello, los abogados que representan a los agricultores afectados han impuesto una denuncia porque entienden que no se han respetado las resoluciones judiciales. Para ello, se personaron la mañana de ayer, junto a un notario, en la zona afectada, pero no pudieron acceder a ella para hacer el peritaje. «Tuvimos que esperar que viniese el notario para levantar acta de lo ocurrido, pero no lo han dejado ni pasar. Tampoco ha podido hacer fotos, la Guardia Civil lo ha impedido todo». Así lo explicó Castilla, quien además recalcó la «impotencia y crispación» de los afectados, que sienten «que nos están tratando como si fuésemos delincuentes cuando somos gente pacífica que solo queremos una solución».
Esta situación ha provocado la crispación entre los afectados que este miércoles comprobaban cómo «están tirando abajo su medio de vida», mientras se sienten «totalmente desamparados» y se preguntan si «¿en serio echar a 116 familias a la calle es de sentido común?».
Fuente: Granada Hoy
