Durante la reunión mantenida el pasado viernes con el Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a Gobierno y Unión Europea que pongan freno al proceso de uberización del campo y a la puesta en marcha de macrogranjas. «El aterrizaje de los fondos de inversión especulativos en el sector amenaza el modelo social y profesional de agricultura y ganadería, mayoritario en Europa. Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Padilla, secretario general de COAG. «La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias».
COAG ya ha alertado sobre los inquietantes efectos de la concentración de la producción (y la riqueza) en un puñado de empresas, al estilo del modelo de EE.UU. El último informe sobre la caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por el MAPA, es más que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.
Asimismo, el secretario general de COAG ha pedido a Planas y Wojciechowski, que la nueva reforma de la PAC priorice los apoyos a los agricultores y ganaderos profesionales, aquellos que trabajan directamente en sus exploraciones y generan desarrollo económico y social en el medio rural. En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de “agricultor activo”, que finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante. De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10 % de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas.
Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el 40% de los fondos agrarios de la UE iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. «Si la transición verde comunitaria no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición justa, podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE», ha trasladado Padilla al ministro y al comisario.
A renglón seguido ha solicitado una revisión en profundidad de las políticas de mercado: unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, a través de un reequilibrio de la cadena agroalimentaria y la implantación de una Ley como la española en todos los EE.MM de la UE que prohíba que se pagan unos precios por debajo de costes al productor.
Además, se ha exigido el cese de las importaciones sin control. “No puede ser que tengamos que competir con importaciones de terceros países que entran sin control y sin cumplir la normas que nosotros cumplimos, porque nos las impone la normativa comunitaria. Resulta intolerable que desde las instituciones estatales y europeas se sigue permitiendo esta competencia desleal para nuestros agricultores y el fraude que supone para los consumidores”, ha sentenciado.
