COAG denuncia el expolio del agua en la cuenca del Guadalquivir
Esta organización presenta hoy alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, reclamando a la CHG un cambio de rumbo que prohíba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores se lleven el agua para sus cultivos súper intensivos, en los que están invirtiendo a destajo, en detrimento de la agricultura social y profesional que crea empleo y mantiene viva la Andalucía rural.
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Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, se ha denunciado hoy el expolio del agua en la cuenca del Guadalquivir.
En una comparecencia ante los medios de comunicación Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, y Eduardo López, secretario de organización y responsable de Agua de COAG Andalucía, han explicado que esta organización presenta hoy en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –CHG- un documento de alegaciones al Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2022-2027.
Básicamente, COAG reclama a la CHG un cambio de rumbo que prohíba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores – provenientes de todas las partes del mundo- se apropien del agua, que es un bien público, para sus cultivos intensivos, en los que están invirtiendo a destajo, en detrimento de la agricultura social y profesional que crea empleo y mantiene viva la Andalucía rural.
Y no se trata sólo de un expolio, sino que, a juicio de esta organización, la cuenca va a la deriva al ampliarse, con triquiñuelas, la zona regable para llevar a agua a tierras de secano, a pesar del déficit hídrico agravado, además, por la sequía.
El contexto en el que se está elaborando este Plan es dramático para la agricultura de regadío, consumidora del 86% de los recursos hídricos de la cuenca y que acumula varias campañas con recortes de dotaciones, en los últimos tres años de un 10%, 20% y 50% respectivamente. La situación ha desembocado en la reciente declaración de situación de sequía extraordinaria, la segunda en lo que va de siglo, tras la anterior de 2008.
Este nuevo Plan Hidrológico, que por primera vez incluye un anexo dedicado al análisis del impacto del Cambio Climático en el que se reconoce a la agricultura como el uso que más sufrirá los efectos de la combinación de la reducción de los recursos y del aumento de la evapotranspiración, debe regirse según COAG, por un plano restrictivo a nivel normativo, que evite el colapso de toda la cuenca. En lo que respecta al uso agrario, este cambio en las condiciones tendrá claros efectos sobre el estrés de los cultivos, generando conflictividad social en la agricultura de regadío del Guadalquivir.
En base a esto, y con una justificación con datos que no obedecen a la realidad, la CHG, por medio de la planificación hidrológica, ha incentivado cambios de cultivo, favoreciendo el olivar y el almendro súper intensivo. Este cambio se está fomentando incluso con una modificación al alza de las dotaciones en estos cultivos, lo que creemos que va en contra de la política del ahorro y de no incremento del regadío que se supone que es la “piedra angular” de la Planificación. Lo que realmente ha favorecido esta iniciativa es que se introduzcan modelos intensivos de producción y ampliaciones de superficie, abastecidos tanto con aguas superficiales como subterráneas que están llevando al límite la capacidad de la cuenca.
Para esta organización, la CHG actúa con la presión del capital financiero que invierte en agricultura y sistemas agrícolas societarios, que especulan con los recursos y distorsionan el funcionamiento de los mercados, hacen tambalear toda la cadena agroalimentaria, así como se quedan con los recursos y los instrumentos productivos. Para COAG Andalucía, la administración no puede limitarse a establecer dotaciones y concesiones sobre el papel, sin atender a las consecuencias de sus decisiones, debiéndose ejercer un mayor control por parte de la Confederación sobre el destino del recurso, la gestión de las Comunidades de regantes y los regadíos ilegales.
LAS ALEGACIONES
La primera de las alegaciones presentadas por COAG a las disposiciones normativas del plan exige ELIMINAR EL INCENTIVO DE CAMBIO A CULTIVOS LEÑOSOS INTENSIVOS, a los que se le asignan dotaciones por debajo de los consumos reales. En este sentido, a los nuevos olivares se les lleva años reconociendo una dotación de 1.500m3/ha que no se ajusta a la realidad, ya que pueden llegar a consumir más de 4.000m3/ha, prueba de ello es que en este mismo plan se establezca una nueva caracterización de olivar súper intensivo con dotaciones muy superiores.
En segundo lugar, se pide ELIMINAR LA POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE REGADÍO MEDIANTE AHORRO TEÓRICO. Y es que las disposiciones normativas del Plan permiten desde el primer ciclo de planificación (2009-2015) ampliar superficie usando los recursos provenientes de un “ahorro efectivo” sobre las concesiones y en base a las dotaciones establecidas en el Plan. A día de hoy se sabe que a través de esta fórmula de ahorro se están falseando datos de consumos reales, ya que los cálculos de ahorro se hacen sobre dotaciones históricas. Para COAG, las ampliaciones no tienen cabida en la cuenca mientras haya déficit.
La tercera alegación reclama la MEJORA DE LOS DATOS DISPONIBLES DE SUPERFICIES Y CONSUMOS, ya que es necesario aumentar la transparencia los datos que ofrece la CHG a través de la planificación, especialmente en lo que se refiere al imprescindible recuento de dotaciones, consumos reales, superficies, hectáreas ampliadas, cambios de cultivo y tipologías de estos. Esta información permitiría contar con estadísticas sobre la evolución de la superficie y previsiones a futuro.
La siguiente alegación solicita que se deben PRIORIZAR CULTIVOS SOCIALES, introduciéndose en el Plan un criterio social para el reparto de dotaciones, priorizando el mantenimiento de estos cultivos tradicionales ante la intensificación de cultivos. En ningún punto del nuevo Plan en exposición pública se hace referencia al carácter social de los cultivos de regadío que generan otras externalidades importantes para el sector, tales como el nivel de empleo o el mantenimiento de los paisajes rurales y de la fijación de población en el medio rural.