Cuando entramos en la Comunidad Económica europea, el reglamento en vigor era el 1035/72 que, junto con algunas disposiciones del Tratado de Adhesión, estaba profundamente inadaptado a la nueva realidad de una Comunidad ampliada en general, y a las necesidades del sector español en particular.
Lo más visible era la lista de productos cuya retirada estaba autorizada y, sobre todo, los calendarios de retiradas. En efecto, los periodos en los cuales las retiradas podían tener lugar y disfrutar de las ayudas comunitarias excluían por completo los periodos en los que España producía, por razones climáticas y porque estos eran los meses en los que la “vieja” Comunidad nos empujaba a producir, reduciendo los precios de entrada.
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Pero lo más grave, aunque menos visible, era la propia filosofía inherente al reglamento 1035. La principal medida prevista por la OCM eran las retiradas de productos. Cuanto más incompetente desde el punto de vista comercial unos productores eran, más fácil tenían el acceso al apoyo de los contribuyentes europeos. Los precios de retiradas eran a veces suficientemente atractivos para que productores se especializaran en producir grandes volúmenes simplemente para la retirada.
Desde el 1 de marzo de 1986, día en el que se empezó a aplicar la Política Agraria Común, las distintas delegaciones españolas no cejaron en sus intentos de corregir los términos de un Tratado de adhesión discriminatorio y de una reglamentación obsoleta. El llamado elípticamente “periodo de verificación de convergencia” (manera sutil de explicar que se ponía freno al sector hortofrutícola español) quedo arrasado por la llegada del mercado único el 1 de enero de 1992 pero hubo de esperarse más tiempo para el cambio de la OCM.
En el Reglamento 1035, el lugar central lo ocupaban ya las organizaciones de productores. Pero su papel era esencialmente de intervenir como brazo armado de la Comisión organizando las retiradas. El nuevo reglamento 2200/96 mantuvo su papel central pero cambio totalmente su función. La nueva OCM estaba basada en 3 grandes principios:
– Las organizaciones de productores deben ser empresas encaminadas a vender en el mercado
– Deben ser apoyadas por las administraciones públicas en su caminar hacia el ajustar la producción en cantidad y calidad al mercado y en promover unos modos de producción respetuosos del medio ambiente
– La mejor manera de asegurar que el dinero público se invierte realmente para cumplir los objetivos perseguidos es que los propios productores paguen la mitad de la factura: un € público por cada € privado.
Las nuevas indemnizaciones de retirada
Antes de la reforma de 1996, los precios de retirada eran fijados anualmente por el Consejo de Ministros en el marco de las negociaciones de precios agrarios. En la propuesta para el año 1995 que he reencontrado en el Archivo de la Unión Europea , por ejemplo[1], se proponía (y luego fijaba) precios para las coliflores, los albaricoques, las nectarinas y los melocotones, los limones y los tomates. Estos precios eran de aplicación en un periodo del año (había calendarios de retirada), variaban en el seno de este periodo y cambiaban también según su grado de manipulación (a granel o envasado).
Para desincentivar las retiradas de productos, se colocaron límites a los máximos volúmenes que una OP puede retirar y se bajaron drásticamente los precios de retirada que, para marcar el cambio, pasaron a llamarse “indemnizaciones”.
El artículo 25 de la propuesta de reforma de la Comisión[2] explica perfectamente cómo se realizó la operación. El primer año, la indemnización fue calculada en unos casos como la media ponderada de los precios de retirada anteriores para luego ser el 85% de dicha media; en otros fue directamente el más bajo de los precios existentes. La verdad es que la reforma cumplió su objetivo y las retiradas dejaron de ser el centro de la OCM.
Como se puede ver, no hubo ni cálculo de costes, ni estudios previos, ni análisis de impacto. Fue una decisión drástica y política justificada por la urgencia de poner fin a una deriva extremadamente negativa para el sector, el alejamiento creciente entre el productor y el consumidor.
Un resultado positivo…
El resultado de la reforma, en estos aspectos, fue positivo. Se hundieron los gastos en retiradas y su lugar fue ocupado por la financiación de los fondos operativos de las organizaciones de productores.
Esta reglamentación representaba un tratamiento completamente diferente para las frutas y hortalizas del brindado por la Comunidad Europea las restantes producciones. No había ayudas a la hectárea y si ayudas cofinanciadas por los productores.
Esta tratamiento diferencial motivó protestas por un trato visto como “discriminatorio” (algo recurrente en el tiempo) e incluso como “anti-español”. No se pararon a pensar cual era la mochila que la vieja OCM hubiera traído como reforma y quienes habrían sido los beneficiarios de la exigua mochila. Antes al contrario, en un ambiente de creciente tensión presupuestaria, las frutas y hortalizas fueron (y son todavía) el único sector cuyo gasto no está sometido a techo presupuestario. Es un gasto obligatorio al que la Unión debe hacer frente sí o sí. De hecho, el presupuesto comunitario dedicado al sector ha seguido aumentando año tras año como se ve en el grafico siguiente, como se puede ver en un informe del 2014 la Comisión Europea (Comisión Europea, 2014) .
Gastos totales en el marco de los programas operativos y ayuda financiera de la UE (2004-2010)
Todavía hoy, se oyen voces que reclaman la plena incorporación de las frutas y hortalizas en el sistema de pagos directos. Esto se podría hacer de dos formas: quitando ayudas a los actuales beneficiarios para dar algo a los productores de frutas y hortalizas, con las lógicas tensiones entre beneficiarios “tradicionales” e “intrusos” o incorporando al sobre de las ayudas directas el presupuesto nacional de la OCM, lo que vendría a limitar (poco) las tensiones entre productores y cargarse el instrumento de los fondos operativos y las organizaciones de productores.
Ninguna de las dos soluciones me parece un paso para adelante en la defensa de una renta digna para los productores, que solo puede ser obtenida casi exclusivamente en el mercado.
… pero insuficiente
Desgraciadamente, los datos más recientes difundidos públicamente por la Comisión sobre el grado de organización del sector corresponden al año 2010 y se encuentran en el informe 2014 ya mencionado. En aquel año, solo el 43% de la producción comunitaria estaba organizada en organizaciones de productores y grupos de productores.
Las diferencias entre los Estados miembros eran significativas, estando los Países Bajos y Bélgica a la cabeza en cuanto a nivel de organización se refiere, España más o menos en la media y los nuevos Estados miembros generalmente por debajo junto con Grecia y Portugal.
Aunque año tras año el nivel de organización esté aumentando, lentamente cierto, esta situación no puede ser considerada como satisfactoria y alimentó durante años los repetidos deseos en algunos responsables de la Comisión de cargarse el sistema. Es verdad que una PAC reducida a las ayudas directas en un primer pilar (junto con algunas, pocas, medidas de mercado) y un desarrollo rural en manos de los estados y las regiones (que hubieran heredado de las organizaciones de productores) , es más simple (incluso simplista), disminuiría la tasa de error (al menos la que se le puede achacar a los servicios de la Comisión) y permitiría ahorrar funcionarios en un momento en el que la función pública debe decrecer[3] (en los próximos meses, hasta un 20% en el caso de la DG AGRI).
Felizmente, estos desvaríos burocráticos no resistieron el análisis responsable y fueron descartados. Si el problema central es el desequilibrio de la cadena alimentaria, frente a unos operadores comerciales de dimensión europea y mundial, de poco servirían OPs de ámbito regional. Incluso, con la llegada del Comisario Ciolos y el apoyo del Parlamento Europeo con Michel Dantin a la cabeza, el modelo organizativo de las frutas y hortalizas fue en buena medida extendido a los demás sectores. Pasó de ser un anacronismo complejo a ser un precursor de por donde debería ir una política europea agraria y alimentaria.
Bibliografía
European Commission (2007): Fruit and vegetable reform
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/policy-reports/slide-shows/pres240107_en.pdf
[1] http://aei.pitt.edu/48886/1/COM_(96)_246_final.pdf
[2] http://aei.pitt.edu/46812/1/COM_(95)_434_final.pdf
[3] http://tomasgarciaazcarate.com/es/contenido/politica-agraria-comun/la-pac-para-despues-del-2014-y-su-debate/486–1
