Estas semanas han sido ricas en noticias de interés en lo referente a la promoción del consumo de frutas y hortalizas. Nuestra revista Mercados no señala el 21 de septiembre que “el reto son los más de 1000 millones de adultos que serán obesos en el 2030 si no se hace un esfuerzo importante para revertir la situación actual”. Por esto saluda “la consolidación de una red global mundial para la promoción del consumo de frutas y hortalizas, con más de 20 países participantes”.
Unos pocos días antes, el 17 de septiembre, la Fundación Daniel y Nina Carusso hizo entrega de su premio Daniel Carusso a Tara Garnett, creadora y responsable de la Food Climate Research Network (FCNR, Red de Investigación sobre el clima y la Alimentación).
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¡Cómo no? El tema del insuficiente consumo de frutas y hortalizas, fue objeto de debate desde la audiencia, insistiéndose en la importancia de la información y la educación. La doctora fue mucho más directa. Insistió en que estas campañas son útiles pero son contrarrestadas por las campañas de promoción en sentido inverso de una buena parte de la industria alimentaria. Propuso aprender del caso del tabaco, en donde se han combinado campañas de información y educación con etiquetado obligatorio, prohibición de consumo en ciertos lugares e impuestos especiales que encarezcan claramente el precio del producto.
He de confesar que la idea me sorprendió, en parte me gustó y en parte me resultó chocante por la injerencia que esto representaría en los hábitos individuales de consumo.
Con toda esta confusión en mi mente, me llega la noticia publicada el 22 de septiembre en la revista Food Navigator que Nestlé y Unilever (dos compañías poco sospechosas de disciplina bolchevique) están presionando a la Unión Europea para que prohíba las grasas “trans”. No se trata de un compromiso asumido voluntariamente por estas (y otras) compañías de reducir su uso e incluso de no utilizar estas grasas, se trata de hacer lobby para conseguir la prohibición completa. La muy británica British Heart Foundation está en la misma línea y el BEUC (la organización europea que recoge a las principales organizaciones de consumidores en Europa) también confirma que las políticas voluntarias o voluntaristas no son suficiente.
Quizás tengan razón. Quizás en vez de limitarnos a convencer a los consumidores tengamos que ir más allá y promover medidas legislativas que dificulten el acceso a la comida (más o menos) basura con prohibiciones y medidas fiscales.
