La Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva (ACPH) ha puesto de manifiesto el aumento de robo de fruta que se está produciendo desde que se inició la presente campaña agrícola en explotaciones citrícolas de la provincia de Huelva.
El colectivo achaca la situación a los mejores precios que las variedades tempranas de mandarina han adquirido este año en el mercado y que además de pérdidas entre los productores, podría ocasionar una alerta sanitaria al ser puesta a la venta, y por tanto consumida, pocas horas después de haber sido tratada fitosanitariamente.
Así lo señaló ayer a Huelva Información Lorenzo Reyes, presidente de la ACPH, quien precisó que algunos de sus asociados están denunciando el robo de fruta recién tratada fitosanitariamente en sus explotaciones. Los cítricos se ponen a la venta inmediatamente en determinados comercios locales sin que hayan pasado los plazos de seguridad establecidos antes de ser consumida. Unos plazos que pueden oscilar entre tres días y un mes, según el producto con el que dicha fruta haya sido previamente tratada.
“Estamos teniendo una cantidad importante de robos en fincas”, explicó Reyes, quien añadió que los productores afectados “no dejan de denunciar cada caso ante la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo impecable”. En este sentido hizo un llamamiento a los ayuntamientos, a los que pide que “controlen la fruta que se vende en los comercios locales, a los que se debe exigir la trazabilidad y el etiquetado identificativo de dicha mercancía para conocer su procedencia, calidad y variedad”. “Todos podemos comprobar a diario que estos requisitos no se cumplen en muchos comercios locales de los municipios”.
Igualmente indicó que la asociación mantiene contactos con la Junta de Andalucía para solicitar la puesta en marcha de una campaña de carácter informativo y de seguimiento del etiquetado y la trazabilidad de la fruta que se vende en comercios y establecimientos hosteleros de la provincia de Huelva.
Dicha acción, añadió, estaría dirigida a los comerciantes y hosteleros locales y serviría, por una parte, para evitar el mal etiquetado de cítricos que proceden de países como Suráfrica, entre otros, y que se vende como española; y por otra, para controlar la fruta carente de trazabilidad, la cual “probablemente proceda de un robo o de una finca que no cumpla adecuadamente con sus obligaciones en este sentido”.
El representante de la asociación de los citricultores onubenses ha insistido en el buen trabajo que está realizando en este sentido la Guardia Civil, que ante este tipo de denuncias “acude siempre de forma puntual, pero como los agentes no pueden estar en todas partes y en todo momento, puede haber fruta robada que se introduzca en el mercado y que por tanto llegue a la población en condiciones no aptas parta el consumo”.
