Arrancadas patatas y cebolla frente a la venta a pérdidas

Esta situación pone de manifiesto que el marco normativo aprobado por el Gobierno, no está consiguiendo “hacer justas” las relaciones comerciales y que seguimos sin corregir la diferencia desproporcionada y abusiva que existe entre el precio percibido por el agricultor y el que paga el consumidor. 

Mientras los precios no dejan de incrementarse en los supermercados y sube también el consumo de frutas y hortalizas, los valores que perciben los agricultores han registrado un descenso en los últimos quince días en determinados productos. Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante lamenta que mientras el consumidor tiene cada vez más dificultades para poder comprarlas o tiene que abonar más por ellas, los agricultores se están viendo obligados ahora mismo a vender a pérdidas, por lo que a muchos productores no les está quedando más remedio que arrancar sus parcelas en comarcas como la Vega Baja.

No en vano, los precios de los productos en campo de la cebolla y la patata, las grandes perjudicadas de esta situación, no superan los 0,06 €/kg en el primer caso y los 0,15-0,20 €/kg en el del tubérculo. Este coste se sitúa muy por debajo de lo que el productor tiene que abonar para poder recolectar las cosechas. 

Respecto a la situación, el presidente de ASAJA Alicante Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte, explica que “se está empezando a notar ya que muchos autónomos no han podido percibir dinero en los últimos meses, que los negocios han estado cerrados,… Hay muchas personas que están atravesando serias dificultades para poder adquirir alimentos porque cuando no hay, ni comida puede comprarse. Pese a esta situación, los supermercados y grandes superficies siguen intentando lucrarse y sacar tajada de la crisis aplicando subidas injustificadas en los productos que venden y traen de fuera al ser más baratos, porque, por ejemplo, apenas tienen que abonar salario a sus trabajadores o utilizan fitosanitarios baratos, pero prohibidos en la Unión Europea. Así las cosas, pese a los esfuerzos que también realizan los agricultores para obtener las mejores cosechas, alimentar a la población y cumplir con todas las exigencias de calidad, vemos como la gran distribución vende patata de Egipto, cebolla de Marruecos,… teniendo cerca suyo un producto mejor, que permite que la mano de obra de nuestro país esté activa,…. Son las mismas injusticias de siempre, pero que ahora tienen menos sentido si cabe y hay que frenarlas cuanto antes”.

Este deprecio se observa en campo y también en las Lonjas en las que en solo una semana la berenjena, por ejemplo, ha pasado de 0,95 €/kg a 0,80 €/kg; de 1,55 €/kg a 1,50€/kg el pimiento; de 0,92 €/kg a 0,80 €/kg el pepino y el calabacín se ha reducido de 0,40€/kg a 0,36 €/kg. La alcachofa, aunque se mantiene y terminará la campaña en esta semana, la siguiente a lo sumo, también ha descendido al pasar de 0,95€/kg a 0,87 €/kg en cuanto a los valores máximos que ha alcanzado en alhóndigas de la provincia de Alicante.

No todos los productos se ven sumidos en una tendencia de precios a la baja. Durante el estado de alarma, las hortalizas de invierno finalizaron con precios equilibrados y productos como la coliflor y el brócoli presentaron valores acordes a los costes de producción. Estos productos están manteniéndose porque las lluvias de hace 90 días provocaron que algunas cosechas no pudieran sacarse adelante y disminuyeran las cantidades totales. Sin embargo, “los abusos que se producen en los mercados siguen siendo muchos y en juego hay tanto como la oportunidad de tener un país autosuficiente y una agricultura fuerte, capaz de generar empleo y dinero y alimentos sanos. Es necesario tomar medidas para corregir las irregularidades y que la situación no vaya a más”, insiste el presidente Eladio Aniorte.

En breve, arrancarán las campañas de breva e higo, pepino y melón y números agricultores necesitan que alcancen valores equilibrados en origen. La normativa vigente así lo ampara. El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, estableció que en los contratos de compra-venta debía indicarse de forma expresa el coste efectivo de producción del producto e, incluso, la indicación expresa de que “el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”.