A falta de su ratificación en el Plenario del próximo 23 octubre, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado a favor del Informe sobre prácticas comerciales desleales, un inicio de tramitación que las cooperativas agroalimentarias de España consideran «un gran paso hacia una cadena alimentaria más justa». El Informe del ponente Paolo De Castro incluye ciertas modificaciones para mejorar la propuesta de la Comisión Europea del pasado 12 de abril.
Entre las modificaciones más significativas se incluye que una práctica es desleal la cometa quien la cometa y la sufra quien la sufra, independientemente del tamaño del operador, «un aspecto importante que desde cooperativas agroalimentarias hemos trabajado de manera específica y que los europarlamentarios han incluido en la lista de prácticas comerciales desleales a perseguir por los Estados Miembros es el concepto de ventas a pérdidas necesario para que dicha regulación sea más efectiva», según se destaca en un comunicado.
Respecto a los contratos de suministro si bien no son obligatorios, los eurodiputados proponen que, si el proveedor lo pide, el comprador debe realizarlo por escrito con una serie de condiciones como duración y precio. La Directiva no se aplica en el caso de organizaciones de productores y cooperativas si establecen en sus estatutos las condiciones de pago de los productos a sus miembros.
Asimismo, solicitan que se mejore la condición de anonimato y que las asociaciones de operadores puedan presentar quejas en nombre de sus miembros por incumplimiento de los contratos. Incluso aclaran las condiciones de aplicación en caso de que la sede social del operador este fuera de la UE, con el fin de que puedan escapar a la aplicación de la normativa.
El informe votado el lunes define como práctica comercial desleal aquella que “se aparta manifiestamente de la buena conducta comercial, es contraria a los principios de buena fe y comercio justo y que es impuesta de manera unilateral por una de las partes; impone o intenta imponer una transferencia injustificada y desproporcionada del riesgo económico del comprador al proveedor; un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones al proveedor en la relación comercial antes, durante o después del contrato”.
En este sentido, el ministro español Luis Plana anunció este pasado fin de semana que su departamento prepara una reforma de la ley de la cadena alimentaria para impedir que en España se produzcan casos de venta a pérdida independientemente del contenido final de la normativa europea.
