Algunos datos sobre el porqué de la OCM de frutas y hortalizas I

Yo creo que ha llegado la hora de que cuente algunos de los vectores que han contribuido a construir la actual reglamentación para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Con el debido respeto al deber de reserva que he asumido, lo que voy a contar forma parte de la historia y, siguiendo la fórmula administrativamente consagrada “no puede poner en peligro el proceso de construcción europea”.

Hay que remontarse a lo que para muchos lectores es historia antigua, el 1035/72. Este fue el reglamento clave que rigió la reglamentación hortofrutícola europea hasta la reforma de 1995. Estaba previsto que las organizaciones de productores eran el brazo armado de la intervención comunitaria siendo la retirada de productos su función esencial.

Esta regulación podría (rápidamente) resumirse en los siguientes puntos:

• Cuanto más incompetente comercialmente hablando, más apoyo comunitario recibes;
• Era rentable incluso en ciertos casos producir para las retiradas (manzanas en Francia y melocotones en Grecia)
• Los periodos en los que se podía retirar productos estaban adaptados a los calendarios europeos de la Comunidad Económica sin España.
• Con estos fundamentos, no es de extrañar que el sector que representa una cuarta parte de la producción final agraria europea (y una cuota mucho más importante del empleo agrario) solo perciba el 4% de los fondos del FEOGA.

Estas 4 cosas chocan de frente con lo que necesitaba el sector más dinámico de los productores europeos, entre los que no solo están desde el año 1986 los españoles sino también los belgas, los holandeses, muchos italianos y franceses.

En el caso español, el diagnóstico se agrava con las condiciones leoninas que nuestros negociadores tuvieron que aceptar durante el proceso de negociación de nuestra adhesión. Los eufemismos “periodo de verificación de la convergencia” y “mecanismos compensatorios de los intercambios” significaban en la práctica la no-integración del sector en Europa.

El primer cambio se produjo en 1992. Con el mercado único, desaparecen las fronteras internas comunitarias y se pone fin al periodo transitorio. Nuestras frutas y hortalizas por fin fueron plenamente europeas. Pero la OCM seguía siendo profundamente discriminatoria en contra de los sectores más dinámicos.

Cambiar drásticamente las reglas del juego en política europea es siempre muy complicado, sobre todo en un momento como el que estamos comentando, en el que las preocupaciones presupuestarias están altas en la agenda política. Hacía falta encontrar a la vez una idea fuerza y motora capaz de aglutinar a la parte más dinámica y sana del sector y unos mecanismos que lo concreten de una manera aceptable para los demás, y los países contribuyentes netos y no productores en particular. En esta conjunción residió el acierto de la operación.

La idea fuerza ha sido: “En vez de recompensar a los incompetentes comerciales, hay que ayudar a los que se orientan al mercado”. Los instrumentos han sido unas nuevas organizaciones de productores cuya razón ser es ante todo comercializar y los fondos operativos ligados a la cifra de negocio.

Estábamos en la mitad de la década de los 90, justo después de la reforma Mac Sharry. La tendencia natural de la época era hacia los pagos directos, las ayudas compensatorias como entonces les llamábamos. Todas estas se calcularon en base a los niveles históricos de ayuda que los distintos sectores reformados recibían en el pasado. Esto es exactamente lo contrario de lo que queríamos, no consolidar para siempre este mísero 4% del presupuesto agrario comunitario. Había que inventar otra cosa, otra cosa que podía convencer al “club de los rácanos”, y en particular a los Estados miembros no productores contribuyentes netos al presupuesto comunitario, que había que abrir una nueva vía de gasto agrario.

Por esto, desde el principio, las ayudas al sector fueron finalistas, enfocadas a favorecer la inversión, la comercialización, la calidad de los productos, la lucha integrada, el reciclado de los plásticos… Para dar mayores garantías de que el dinero sería invertido de la mejor manera posible, se exigió desde el principio la cofinanciación por los productores. Se limitó doblemente el volumen máximo de la subvención pública. Por un lado era función del volumen de ventas de cada O.P., al 4% hasta 1999 y al 4.5% después. Por otro, la cuantía total de las subvenciones comunitarias no podía superar el 2% del volumen global comercializado por todas las O.P. hasta 1999 y el 2.5% después.

Estas garantías se revelaron rápidamente excesivas y, a la primera ocasión, bajo Presidencia española, se simplificaron los requisitos hasta los actuales 401 % del valor de la producción comercializada, hasta el 4.6% con la prevención y gestión de crisis.

En un artículo de la época[1], explicaba qua había llegado la hora de los productores. Para comparar, ¡bendita hemeroteca!, esto es lo que Vidal Mate escribía en El País el 18 de septiembre de 1995, con el siguiente título “El sector agrario rechaza la reforma para frutas y hortalizas que propone Bruselas”[2]:

“Todas las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han coincidido en rechazar radicalmente el documento-propuesta elaborado por la Comisión Europea para la elaboración de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, que será estudiado el próximo día 20 por el colegio de comisarios en Bruselas. Asaja califica la propuesta como una burla para el sector agrario español.

UPA plantea realizar un bloqueo a la misma si no se cambia su actual redacción, como se hizo con el vino. COAG denuncia el proyecto de reglamento por romper el principio de solidaridad financiera al cargar a los propios productores con parte del coste de la gestión de los mercados. Para Fepex, esta propuesta de OCM amenaza el dinamismo o del sector hortofrutícola español y no garantiza la preferencia comunitaria frente a terceros países. En opinión de las cooperativas los perjuicios para el sector podrían ser irreversibles caso de que fuera aprobada en sus actuales condiciones.”

Tiene gracia recordar cómo se calcularon las nuevas indemnizaciones de retiradas: miramos las distintas ayudas a las retiradas existentes en el 1035/72 y, sistemáticamente, escogimos como nueva “indemnización” la más baja de las existentes anteriormente. Como se puede observar, no es exactamente lo que se podría calificar como un sesudo y riguroso cálculo de costes comparativos tras una encuesta de terreno.

(Continuará)

[1] http://tomasgarciaazcarate.com/es/contenido/organizaciones-comunes-de-mercado/frutas-y-hortalizas/86-la-reforma-de-la-politica-agraria-comun-en-el-sector-hortofruticola-ha-llegado-la-hora-de-los-productores-1/file

[2] http://elpais.com/diario/1995/09/18/economia/811375205_850215.html