Cientos de agricultores del Campo de Cartagena se han suscrito una demanda colectiva contra algunos aspectos concretos de la ley que pretende regular la actividad en el entono del Mar Menor, ya que “están basados en una gran mentira”, según afirman desde la Fundación Ingenio. La demanda contra la ley, que entró en vigor en julio de 2020 promovida por el Gobierno de la Región de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras, denuncia, además, que determinados artículos son «inconstitucionales».
Los productores agrícolas, asesorados por la Fundación Ingenio, han tomado esta decisión en un multitudinario encuentro celebrado este miércoles en Torre Pacheco, tras dos años de vigencia del texto legal, debido a que consideran «vulnerados derechos fundamentales recogidos en la Constitución».
Esta demostración de fuerza del principal sector productivo de la Región tiene otro elemento de fondo igualmente importante: «la criminalización de la agricultura», insisten desde la Fundación Ingenio, que ha sido «utilizada como coartada para pasar de puntillas sobre las causas más directas de la degradación de la laguna». En este sentido, los agricultores esgrimen como factor determinante de la contaminación del Mar Menor y de las eventuales muertes de peces las aguas fecales urbanas sin tratar, «que vierten al Mar Menor directamente procedentes de los pozos ciegos, una red de saneamiento obsoleta y desbordada en épocas del año con mucha presión poblacional y la insuficiente depuración, como así se viene acreditando en informes de diferentes organismos y grupos de trabajo independientes». Ello ha dado lugar, según insisten desde la Fundación, a «la presencia de la bacteria fecal E.coli en cantidades muy superiores a las recomendadas».
La “gran mentira”
Tales vertidos fecales son «responsabilidad exclusiva de las Administraciones locales», que, según los agricultores y la propia Fundación, «eluden su responsabilidad culpabilizando en exclusiva a la actividad agrícola». Por esta razón, dicen sentirse “engañados, criminalizados y utilizados” para convertirse en víctimas de una “gran mentira”, dado que la presencia de nitratos agrícolas en la laguna es «nula o ínfima», de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Pese a su profunda “decepción” con un Gobierno regional “que no nos escucha ni nos recibe en serio”, los agricultores reunidos en la noche del miércoles se ofrecen a ser «una parte activa de la solución». Aseguran que existen iniciativas técnicas que hacen perfectamente compatible el mantenimiento de un Mar Menor saludable con la actividad económica, la agrícola y la turística. En esta línea, no aciertan a entender «por qué no se ponen en marcha estos planes, cuya demora condenará a la agricultura y otros sectores económicos aparejados, como la logística, y al porvenir de millares de familias».
La demanda colectiva no aplica contra la totalidad de la ley regional, sino sobre algunos aspectos que, no obstante, «son suficientes para hacer inviable la actividad agrícola, y no solucionarían el problema de la laguna». En este sentido, se denuncia la vulneración del derecho a la libertad de empresa y de propiedad recogido en la Constitución, ya que «la ley ha desnaturalizado y dejado de hacer reconocibles y practicables los derechos agrícolas». Del mismo modo, la demanda también señala que «se viola el principio de igualdad». «No es constitucional -explica la denuncia-, que la agricultura en el Campo de Cartagena esté sujeta a un régimen jurídico que no se aplica en ningún otro lugar, máxime cuando la normativa europea habla de la necesaria compatibilidad de la agricultura y el medio ambiente». Y todo ello sobre la base de que “el poder público, que no soluciona la obligación normativa de compatibilizar agricultura y medio ambiente, busca un culpable al que trasladar las responsabilidades a fin de eludir las suyas propias”.
Los demandantes aseguran que la ley, positiva en muchos aspectos, «es letal para su sector» por otra serie de razones. Entre ellas, por «fijar un régimen sancionador específico que penaliza exclusivamente a la actividad agraria, mientras que no contempla apenas sanciones para el resto de las actividades humanas cuya implicación en la degradación del Mar Menor está demostrada». Asimismo, «permiti expropiaciones encubiertas del uso de las tierras y abocarlas a convertirse en campos con placas solares». Pero, sobre todo, denuncian que «está basada en una gran mentira, en un diagnóstico falso que no tiene en cuenta el principal factor contaminante de la laguna, las aguas residuales, como así lo atestiguan expertos internacionales como Jesús Cisneros, doctor en Contaminación Oceánica, que participó virtualmente en el evento».
Los agricultores expresaron su “perplejidad por el maltrato” del Gobierno de la Región a un sector decisivo para Murcia.
La iniciativa para sumarse a la demanda sigue abierta, así como la campaña informativa y de asesoramiento a los agricultores, de tal forma que se espera que otros muchos productores se unan en las próximas semanas.
