A la espera del Decreto Ley para la recuperación agrícola de La Palma
El sector del plátano de Canarias demanda que el Decreto Ley para la recuperación agrícola de las hectáreas sepultadas por las coladas se concrete en enero de 2023.
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Un año después del final de la erupción del volcán de cumbre vieja, las más de 570 familias afectadas por las coladas de lava en sus cultivos continúan a la espera de concretar el horizonte de recuperación de su actividad.
El próximo mes de enero de 2023 es un mes clave para el sector del plátano de Canarias, ya que debe ser el momento de concretar el Decreto Ley para la recuperación agrícola de las más de 300 hectáreas de producción que quedaron sepultadas por las coladas.
La Consejería de Agricultura recogió el testigo de las demandas de los productores y ha venido trabajando durante el año 2022 en la planificación de la recuperación, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Este último es el que se requiere de forma más urgente, ya que disponer de un ordenamiento que disponga y establezca la superficie de colada destinada a la recuperación de los cultivos, las vías públicas de circulación, acceso y servicios, las cotas y niveles de abancalamiento y las vías de ordenación de las propiedades para los afectados es imprescindible.
La Consejería de Agricultura se comprometió con los afectados a cumplir este plazo, que es improrrogable ya que el 2023 comenzará con los comicios autonómicos del mes de mayo en el punto de mira y, dados los plazos de aprobación de decretos leyes y su posterior validación por parte de la Cámara autonómica, los afectados no pueden esperar a la entrada de un nuevo Gobierno para concretar jurídicamente las bases de la reconstrucción. Un posible retraso paralizaría el proceso de reconstrucción prácticamente otro año, lo cual es inasumible para el sector.
Los agricultores que cuentan con terreno bajo la lava han mostrado reiteradamente su deseo de recuperar la zona cuanto antes y la isla de La Palma, una actuación igualmente urgente para la isla de La Palma desde el punto de vista social y económico, pero a día de hoy, todos ellos siguen pendientes de una hoja de ruta jurídicamente establecida.