La propuesta, aprobada con 343 votos a favor, 252 en contra y 59 abstenciones, recoge criterios comunes de calidad, seguridad y medioambientales para los fertilizantes que pueden ser comercializados en todo el mercado único europeo y fija requisitos más claros sobre el etiquetado de estos productos.
Esta nueva legislación pretende funcionar como impulso a la economía circular, aquella que respalda la reutilización de los desechos, facilitando el acceso al mercado de fertilizantes orgánicos y ampliando así la oferta de productos para agricultores y consumidores.
Hasta ahora, la legislación al respecto cubría principalmente los fertilizantes extraídos de minas o producidos químicamente y provocaba que los productores de abonos orgánicos tuvieran dificultades al comercializar sus productos en la UE.
Cerca de la mitad de los fertilizantes del mercado europeo no están cubiertos por la regulación vigente.
Aunque los residuos orgánicos podrían sustituir hasta el 30 % de los fertilizantes minerales, solo un 5 % de estos desechos se reciclan para ser transformados en abono.
La normativa defendida por el Parlamento reduce la cantidad de cadmio que abonos con este metal pesado, como los fosfatados, pueden contener para permitir su comercialización.
El contenido máximo de cadmio se reducirá de 60 miligramos por kilo a 40 miligramos en seis años, en lugar del periodo de tres años que proponía la Comisión, y a 20 miligramos por kilo tras dieciséis años (en vez de doce), de forma que los productores puedan «adaptarse a las nuevas exigencias».
El cadmio es un metal que se acumula y penetra en la cadena alimenticia, con lo que puede suponer una amenaza para la salud humana y animal y para el medio ambiente.
Los productores que quieran limitar su mercado a un Estado miembro podrán ajustarse a las leyes nacionales, ya que los países podrán autorizar la comercialización interior de fertilizantes que no cumplan las nuevas reglas.
El ponente de la propuesta, el eurodiputado popular rumano Mihai Turcanu, señaló que la obligación del Parlamento es «ofrecer a los ciudadanos productos seguros y a un precio asequible» y aseguró que la nueva propuesta mejorará el etiquetado y reducirá la carga administrativa para productores y agricultores.
La propuesta volverá ahora a la comisión parlamentaria de Mercado Interior, que abrirá negociaciones sobre esta propuesta con los ministros de los países de la UE, que aún no han fijado su postura al respecto.
