En los 31 concellos gallegos afectados por la plaga de la polilla guatemalteca de la patata -13 de las comarcas coruñesas de Ferrol, Eume y Ortegal y 18 de la Mariña lucense- el Ministerio de Agricultura prohibió la plantación a principios de marzo durante dos años. La cosecha en las fincas de las zonas infestadas serán desenterradas, retiradas y destruidas, al igual que los sacos y embalajes que hayan estado en contacto en los almacenes con las patatas contaminadas o en la misma estancia. Para indemnizar a los productores por la mercancía perdida, la Consellería de Medio Rural publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las bases para la concesión de indemnizaciones. La Xunta reserva un presupuesto inicial de 250.000 euros, aunque no será solo para la Tecia Solanivora de la patata sino también para el hongo Fusarium circinatum del pino. No obstante, el departamento que dirige Ángeles Vázquez ampliará la partida si la actual no llega para compensar a todos los afectados.
La partida aprobada por Medio Rural e queda lejos de los 3,5 millones que reclamaba Unións Agrarias, ya que el sindicato también pedía que compensaciones por lucro cesante para los productores que no plantaron su cosecha tras el decreto del Gobierno.
Son 4.500 las fincas de patatas registradas para su destrucción en los concellos donde se decretó la cuarentena -2.364 en A Coruña y 2.115 en Lugo- cuyos dueños tendrán que arrancar directamente el tubérculo sembrado esté o no infectado por la polilla y entregarlo, igual que las patatas que tuvieran antes reservada para hacer semilla con ella para futuras plantaciones. En base a este dato, el Gobierno gallego diseñó el baremo de indemnizaciones de acuerdo con Asturias, donde la plaga se detectó en siete concejos.
La normativa recoge dos tipos de indemnizaciones. Por un lado, en las fincas en las que tengan que levantarse las patatas se pagarán 40 céntimos por metro cuadrado. Por otra parte, se pagarán entre 30 céntimos por cada kilo de patata de consumo producidas en la explotación y un máximo de 70 céntimos por no usar la patata de simiente certificada que se adquiriese antes del 5 de marzo. En el caso de los almacenes, se fija como criterio en las patatas de simiente el precio de compra justificándolo con factura de venta del proveedor, y en la de consumo la tarifa de adquisición por parte de los almacenistas.
http://www.laopinioncoruna.es
