Una planta solar podría acabar con una de las zonas citrícolas valencianas de mayor valor

Sólo las 5 grandes fincas donde se levantarían los paneles tienen una cosecha por campaña de unas 20.000 toneladas con un valor a salida de almacén de unos 22 millones. Su recolección genera 25.000/30.000 jornales frente al empleo casi nulo de mantener una planta solar de este tipo

El proyecto acabaría con el trabajo de 14 años de investigación de ICCSA: hasta 5.000 frutales con 24.000 líneas varietales deberían ser arrancados. Además, terminaría con el medio de vida de, al menos, 140 pequeños/medianos agricultores de la Comunidad de Regantes Cota 220

Un parque con 751.632 placas solares levantadas sobre 605 hectáreas (ha) repartidas en dos grandes áreas de los municipios de Onda y Alcora (Castellón). Ejecutar este proyecto –que ahora se encuentra en fase de información pública- pasa, más allá de por aceptar un cambio paisajístico radical, por asumir también el daño ciertamente irreparable sobre una de las zonas citrícolas de mayor valor agrícola y económico de la Comunidad Valenciana y muy probablemente del conjunto del país. Así se refiere Asociex  -la Asociación de Exportadores de Fruta de Castellón- al área donde se levantará la inmensa mayoría de esa red de módulos fotovoltáicos en las partidas del Pla dels Olivars, Sichar y Trencaes, pertenecientes al municipio de Onda. Allí se hallan seis grandes fincas –entre ellas, dos de más de 100 ha. y otra de 83 ha.-; un importante centro de investigación citrícola -ICCSA- así como las explotaciones de unos 140 medianos citricultores, todos ellos abastecidos por la Comunidad de Regantes Cota 220, también una de las más importantes de la región, que da servicio a 2.847 ha. agrícolas pero que verá afectada por el proyecto en torno al 10% de su superficie. Todas estas propiedades quedarán total o parcialmente dañadas, devaluadas, en cualquier caso, por la planta solar que está promoviendo la filial de la firma EnerHi, que se hace llamar Harbour Maestrat 4. Así se lo hicieron saber todas las partes implicadas a la propia alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en una reunión celebrada recientemente en la propia casa consistorial.

Para iniciar su tramitación, esta promotora ha llegado a acuerdos con los titulares de zonas del otro municipio afectado, L’Alcora, hasta cubrir el mínimo porcentaje legal necesario para afectar al resto de propiedades. La característica más relevante de esta parte del proyecto –cuyos propietarios sí lo apoyan- es que se trata fundamentalmente de zonas forestales o agrícolas abandonadas o semiabandonadas hace ya años. A cambio de este dominio, el promotor aspira a afectar con su proyecto a la zona de alto valor antes citada de Onda, cuyos propietarios en su totalidad lo rechazan y van a alegar en su contra pero que, de salir adelante, se verán abocados a acordar un justiprecio por sus propiedades.

Asociex estima que sólo la producción de las fincas de las cinco firmas de sus empresas asociadas  –todos importantes cosecheros/exportadores, operadores citrícolas líderes a nivel nacional- suponen una producción por temporada de entre 15.000 y 20.000 toneladas que, a salida de almacén, tendría un valor aproximado de 22 millones de euros. Se trata de grandes explotaciones, bien dimensionadas, modernizadas y con fertirrigación localizada, productoras en su mayor parte de mandarinas protegidas, de las llamadas de ‘club’, cuyas cotizaciones suelen duplicar o incluso triplicar las de otras variedades competidoras. Explotaciones –alguna de ellas enmallada en su totalidad para protegerla frente al viento, el granizo y las plagas- que en todos los casos cuentan con un arbolado joven y con patrones de última generación, con una productividad y rentabilidad récord. Hablamos de una importante extensión que, como las del resto de citricultores particulares también damnificados, tiene un gran valor agrícola por tratarse de tierras muy fértiles, con bajo contenido en cal. Se trataría, además y por todo ello, de una de las zonas en las que se ha superado el minifundismo reinante en la citricultura valenciana y muy especialmente en el de esta provincia pues, no ya tan sólo las grandes fincas aludidas sino las propias propiedades de particulares regadas por Cota 220 tienen superficies de entre 4.2 y 8,3 ha, muy superiores a la media en Castellón.

Por otra parte, el suelo ocupado por la planta afectaría de lleno a Investigación Citrícola de Castellón, S.A. (ICCSA), que nació en 2009 como la unión de un grupo de exportadores y cooperativas, como una sociedad destinada a la investigación, creación y desarrollo de nuevas variedades, sobre todo mandarinas. El propósito de ICCSA –que trabaja en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA- es proporcionar avances que permitan a las empresas ser más competitivas en los mercados, tanto en los procesos como en los productos. Pues bien, el proyecto solar ahora en ciernes obligaría a arrancar los campos de ensayo en los que se ha venido trabajando los últimos 14 años:  5.000 árboles donde se controla la evolución de hasta 24.000 líneas varietales diferentes.

EnerHi –que recientemente ya retiró sendos planes similares en Vilafamés-Cabanes y Les Useres y otro en Nules- dice tener un presupuesto de 167,2 millones para la ejecución material de este proyecto. Una vez acabada la planta, las subestaciones y las conducciones es bien sabido que los empleos que se generan para el mantenimiento de estas instalaciones son residuales. Asociex calcula que, sólo la recolección de las 5 fincas afectadas de sus asociados genera cada temporada entre 25.000 y 30.000 jornales en su recolección, a los que habría que sumar los empleados en los almacenes para manipular y confeccionar esta fruta.