El proyecto Life Irriman está desarrollado con fondos europeos en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) o la Universidad de Córdoba (UCO), entre otras instituciones. La iniciativa, según destaca FENACORE, responde a la necesidad actual de que los proyectos de modernización de regadíos satisfagan una doble eficiencia: hídrica y energética.
Durante la jornada de presentación de resultados del proyecto, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha recordado que desde que se suprimieron las tarifas especiales en 2009, el término de potencia se ha incrementado en un 1.000 por cien, lo que ha provocado un aumento medio de la factura eléctrica para regadío de más del 100 por cien, lo que ha hecho «inviables buena parte de los sistemas de riego ya modernizados», ya que ahorran agua, pero demandan más energía.
El proyecto Irriman se ha aplicado ya en zonas regables de Murcia y Córdoba y supone un salto cualitativo, al demostrar la viabilidad de esta solución que, mediante un algoritmo, indica de forma sencilla al agricultor cómo, cuándo y cuánto debe regar, al tiempo que ajusta al máximo el consumo de recursos. Del mismo modo, ha destacado que este proyecto servirá de referencia para los regantes del arco mediterráneo que comparten la necesidad de producir más con menos agua, en un entorno con menos recursos per capita cada vez y de reducir los costes derivados del alto consumo energético de los sistemas modernizados.
En este contexto, Del Campo ha recordado que a pesar de la fiscalidad eléctrica ventajosa para la agricultura y la reducción de módulos, que permiten un ahorro anual de 54 millones de euros al año, es necesario buscar soluciones complementarias que compensen los 300 millones de euros anuales de sobrecoste que el sector soporta los últimos ocho años por los costes fijos regulados del Gobierno para compensar el déficit de tarifa.
La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por FENACORE, como el proyecto Maslowaten, que impulsa el uso de energía fotovoltaica en sistemas de distribución del agua o el aprovechamiento de los desniveles del terreno para generar energía.
En todo caso, para Del Campo, «estas medidas son soluciones parciales», ya que, en su opinión, sería esencial completarlas con medidas como el pago de la potencia realmente utilizada y no la máxima contratada durante los doce meses del año, aunque las estaciones de riego no estén en funcionamiento.
Finalmente, también considera «crucial» adaptar la norma para que en un único contrato se pueda modificar dos veces al año la potencia contratada o aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes, «igual que se aplica ya a los regadíos en Italia».
Fuente: www.20minutos.es
