Cuatro meses después de los graves daños que la DANA ocasionó tanto en cultivos como en infraestructuras agrarias de algunas comarcas de Alicante, sobre todo en la Vega Baja, y Valencia, los afectados desconocen qué tipo de ayudas van a recibir ni cuándo lo harán.
La factura que dejan las diversas adversidades climatológicas en el campo valenciano a lo largo de 2019 es importante, pero aun así se paga más en seguros de lo que se percibe, concretamente 543 millones por 369 de indemnizaciones, según los datos de 2019. Pese a ello se anuncia una nueva subida del 10% en el coste del seguro para 2020, cuando en 2018, por ejemplo, el de la uva de mesa ya descendió más de un 35% su contratación ante la subida de las primas.
El cambio climático va a agudizar la aparición de cada vez más siniestros, y lo cierto es que la COP25, celebrada recientemente en Madrid, ha tenido unos resultados desalentadores. Mientras desde algunas instancias se acusa a al sector agrario de ser muy contaminante, lo cierto es que un estudio de LA UNIÓ puso de manifiesto que las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero (GEI), que generan las importaciones de productos de países terceros en la Unión Europea, son cada vez más importantes, y que solo en 2018, con una pequeña muestra de algunos países y producciones, generaron cerca de 380 millones de kg, mayoritariamente de CO2, pero también de metano, oxido y monóxido de nitrógeno, azufre, plomo, entre otros; algunos de ellos cancerígenos y altamente contaminantes, como es el caso del mercurio y el arsénico. Una apuesta por el consumo de productos europeos repercutiría, sin duda alguna, según LA UNIÓ, en disminuir el problema del calentamiento global, puesto que hay que tener en cuenta que buena parte de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia y el transporte marítimo hace crecer mucho la huella ambiental. La dieta mediterránea es además la de menor impacto ambiental. Una reciente investigación de la UOC ya avanzaba que la apuesta por un modelo alimentario de proximidad implicaría una reducción del 72% de la emisión de gases de efecto invernadero y un descenso del 52% del consumo de energía.
Campañas producciones, crisis de precios y denuncias AICA
El resultado de la campaña citrícola 2018-2019 fue muy desalentador para los productores, con unas pérdidas estimadas por LA UNIÓ en más de 300 millones de euros. Pese a las promesas de Ministerio de Agricultura y Generalitat -con una partida anunciada de 8 millones de euros-, lo cierto es que al final el sector productor no percibirá ni un euro. La actual campaña transcurre con mayor alegría en precios, pero la merma es tan importante que “no se sabe si al final compensará una cosa por la otra”. La campaña pasada del olivar tuvo una merma productiva relevante y ni siquiera así los precios para los productores fueron buenos y la de la fruta ha tenido resultados catastróficos con unas cotizaciones para los agricultores inferiores en un 60% a las de 2018. También los productores de uva de mesa o los de vino están atravesando una dura crisis con precios bajos agravados por otra serie de circunstancias.
En relación a esas campañas y las crisis de precios, LA UNIÓ ha seguido a lo largo del año denunciando ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) todos los incumplimientos, ausencia o renegociación de contratos; con un alto grado de efectividad pues cada vez se detectan más sanciones a las empresas que vulneran la legalidad en la cadena alimentaria.
Acuerdos y amenazas internacionales
Por lo que se refiere al contexto internacional, LA UNIÓ ha presentado numerosos estudios en 2019, tanto en Bruselas como aquí, donde se demuestra que los acuerdos internacionales que la UE suscribe con países terceros son perjudiciales para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, y suponen además una seria amenaza en cuestión de seguridad alimentaria y posible entrada de plagas. Cabe recordar en este sentido el informe de la organización en el que se demuestra que producciones de Sudáfrica y Mercosur utilizan más de 62 materias activas cuyo uso está prohibido para la citricultura europea. En el arroz se logró la cláusula de salvaguardia para el arroz índica de Camboya y Myanmar, y ahora los problemas se centran en el japónica (redondo), que es el producido en nuestras explotaciones y que ya ha motivado una petición de LA UNIÓ para una nueva cláusula.
Otras amenazas en materia internacional son los aranceles con los que ha gravado Donald Trump las exportaciones agroalimentarias europeas. LA UNIÓ va a seguir siendo muy exigente para que la Comisión Europea establezca en reciprocidad aranceles a las exportaciones estadounidenses y al Gobierno de España que asuma su responsabilidad por el daño causado al conocer que las ayudas que concedía no eran legales. Habrá que estar también a la expectativa de lo que depare el Brexit, puesto que no hay que olvidar que el Reino Unido es uno de nuestros principales socios comerciales.
Fiscalidad
Las reducciones fiscales disparatadas del Gobierno volvieron a repetirse en 2019 y no hay una uniformidad de criterios a la hora de aprobarlas, lo que provoca la discriminación entre los agricultores y producciones de diferentes provincias o localidades, incluso las limítrofes.
Agua
Dos meses seguidos sin trasvase para regadío del Tajo al Segura ponen en peligro la viabilidad de muchos cultivos en el sur de Alicante y LA UNIÓ será exigente para que los aportes de agua sigan y no se extingan puesto que está en juego la supervivencia de numerosas familias.
Presupuestos
Los presupuestos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para 2020 son decepcionantes y certifican un nuevo recorte en las políticas agrarias, con un alarmante abandono de los profesionales del sector y un pasotismo ilógico en forma de retirada de ayudas o rebaja del dinero para modernizar las estructuras agrarias e incorporar jóvenes a la actividad.
Representatividad
La comunidad de Madrid celebró este año que va a finalizar sus segundas elecciones a cámaras agrarias para medir la representatividad de las organizaciones agrarias, tal y como en los últimos años han hecho otras comunidades autónomas, mientras que en la Comunitat Valenciana se sigue mareando la perdiz pese a las promesas de convocarlas por parte de los partidos que componen el actual Govern del Botánic con un claro miedo a que se ejerza la democracia en el campo valenciano. De los resultados globales en el conjunto estatal se desprende que nuestra organización estatal Unión de Uniones se consolida como la segunda más representativa y pese a ello prosigue la cobardía actual de un Gobierno y un Ministerio de Agricultura que prefieren el ninguneo y contentar a sus tres organizaciones vasallas para que no se le “revuelva el gallinero”.
Movilizaciones
En 2019 ha habido numerosas protestas de LA UNIÓ ante muchos de esos problemas, entre ellas una manifestación general el pasado 14 de marzo que concluyó frente a la Delegación del Gobierno, pero también otra apícola en las puertas de Conselleria de Agricultura, la protesta del sector vitivinícola en Requena en septiembre o las de las Plataformas per la Dignitat del Llaurador. El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, avanza al respecto que “los órganos ejecutivos de LA UNIÓ están estudiando un nuevo calendario de movilizaciones si la situación no cambia y las administraciones agrarias continúan dando la espalda a este sector estratégico”.
