Durante la jornada de ayer, el Gobierno andaluz aprobó iniciar la tramitación por la vía de urgencia de una ley que permitirá ampliar la superficie regable en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana en Huelva. La proposición consiguió el apoyo absoluto de PP y VOX con 70 votos y el rechazo total de los partidos de la izquierda.
Esta ley es la segunda vez que llega al Parlamento andaluz en menos de un año, sin embargo, no consiguió un mayor desarrollo debido al adelanto electoral de junio de 2022 unido a los frenos de la Comisión Europea. La nueva proposición cuenta con algunas diferencias respecto a la antigua, pero la más destacable es que en esta el agua que utilizarían los agricultores de parcelas recalificadas para el regadío procedería de forma prioritaria de la superficie, nunca del acuífero del Parque Nacional.
A pesar de las modificaciones, esta proposición cuenta con una gran cantidad de adversarios y ya ha sido rechazada por la comunidad científica, el director del Consejo de Participación de Doñana, las asociaciones ecologistas, el CSIC, la Comisión Europea y el Ejecutivo central. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha informado a la Comisión Europea de que va a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir que se apruebe esta ley, como respuesta a la carta que la Unión Europea envió al gobierno español advirtiendo de que impondría sanciones millonarias si esta se llegara a admitir.
Esta situación no frena a los actores que apoyan esta normativa. El Parlamento andaluz seguirá adelante con esta iniciativa y volverá a reunirse con todas las entidades implicadas: agricultores, regantes, los alcaldes de los cinco municipios afectados (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado), patronal, sindicatos y las instituciones vinculadas a Doñana, entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este último organismo es quien tiene la potestad de autorizar o denegar los nuevos permisos de riego a los agricultores que adquieran ese derecho.
Desde el Consejo de Participación también manifiestan su apoyo a esta iniciativa, como los sindicatos de UGT y UPA, la asociación Asaja, los regantes de Huelva, la Confederación de Empresarios de Andalucía, el alcalde de Lucena del Puerto y algunos políticos socialistas de las zonas perjudicadas.
Con actores a favor y en contra, el apoyo de Europa y del ejecutivo central será fundamental, sin embargo, Pedro Sánchez durante una intervención del PSOE en Burgos, se ha mostrado muy reacio a esta iniciativa: «Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar”.
