Artículo de opinión de Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG
Antes de que la pandemia nos obligara a detenernos por responsabilidad, todo el sector unido, productores, cooperativas y comercializadoras, se encontraba en la calle, en movilizaciones multitudinarias que reclamaban unos precios justos que cubrieran nuestros crecientes costes de producción. Siempre hemos advertido y denunciado que los precios se conforman desde el final de la cadena de valor hacia el principio, desde el consumidor hasta el productor, y que generalmente sólo nos llegan las migajas. Mientras que el resto de eslabones cubren sus costes y obtienen beneficios, los agricultores y agricultoras nos quedamos con lo que queda, algo que muchas veces no cubre el valor de lo que producimos.
La movilización tuvo resultados. Sin ser suficientes, desde luego, pero conseguimos por ejemplo una modificación de la ley de la cadena por la que se prohíbe destruir valor en la misma. El cambio de concepto es primordial: el precio de cada operación deberá estar por encima de los costes de producción de quien vende. Parece que algunos se han asustado al verlo. Lo preocupante es que no son precisamente las grandes cadenas de distribución las que más ruido están haciendo en contra, sino las propias empresas de comercialización en origen.
Los agricultores necesitamos seguridad para tener un futuro a medio plazo. No podemos sobrevivir en una continua especulación. La citada ley obliga a que tengamos contratos, a que en esos contratos se fijen unas condiciones mínimas y un precio. Esto no es de ayer, sino de hace más de seis años, cuando entró en vigor la ley de cadena. Lo corriente debería ser, al menos, tener un precio en el contrato. Y debemos pelear para que esto sea así. Ahora además, debemos trabajar para dicho precio cubra nuestros costes, como indica ahora la legislación.
Está claro que esta novedad por sí misma no es suficiente y se requieren más medidas, como el control de las importaciones o las medidas efectivas para la gestión de las crisis. Además requerirá de esfuerzo, trabajo de inspección y afinación. Sólo un elemento no puede solventar los problemas graves que nos afectan. Ahora bien, no estamos para desechar posibilidades. Que en una ley se escriba que los precios deben estar por encima de los costes es reconocer que nuestros productos tienen un valor y debe pagarse. La cadena debe retribuir adecuadamente a todos los eslabones y no sólo a los que comercian y no producen. Es un paso adelante necesario para nuestra sostenibilidad.
Sin esta nueva norma, el comprador impone su precio de compra. Me dice lo que me va a pagar. Con esta norma, esto no cambiará en principio. El mercado manda, dicen. Ahora bien, la norma abre la posibilidad de que yo le comunique a mi comprador una referencia de costes de producción. Si me interesa, en base a esa negociación, podría denunciar que está incumpliendo lo acordado. Ese es el cambio de concepto: se pone a nuestra disposición una herramienta para mejorar nuestra posición negociadora y para denunciar abusos. COAG está, como siempre, a disposición para denunciar en nombre de sus socios.
Se trata de construir el valor desde lo que nos cuesta producir y no de que nos dejen las sobras como viene ocurriendo. No se trata de que el consumidor pague más, sino de que el valor se reparta adecuadamente y de que todos podamos vivir y no sobrevivir (en el mejor de los casos), como hasta ahora. Marruecos, Sudáfrica, Turquía… siempre podrán producir más barato que nosotros mientras no se apliquen otras medidas. No por ello, tenemos que sumarnos en una carrera hacia el abismo en la que tenemos todas las de perder, tanto en rentabilidad como en la calidad que ofrecemos al consumidor en el marco de un modelo europeo de producción.
Estamos ante un gran reto, cambiar el modo de funcionar de la cadena. Si no lo intentamos, seguro que estaremos peor que ahora. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como hasta aquí? De hacerlo, continuaremos viendo cómo desaparecen agricultores y cómo nuestra rentabilidad se va a pique. La defensa de los precios justos, que cubran costes, es un pilar que no debemos derribar.
