Las personas trabajadoras que lleguen durante este año, como todas las que participen en la campaña y que residan en territorio nacional, necesitarán de una planificación en lo relativo a la disponibilidad de medios y atención sanitaria y de otra índole correspondiente al volumen de aumento de población que se produce en los municipios freseros durante la temporada de frutos rojos. Nos referimos con ello a refuerzo en los medios sanitarios, fuerzas de seguridad y entidades bancarias para evitar colapsos innecesarios y respetar las medidas sanitarias y de prevención del COVID-19.

En días anteriores, en comisión parlamentaria, la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo explicó que la Junta, dirigida por la Consejería de Salud y Familias y con la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y su propio Departamento, coordinará con las organizaciones agrarias la realización test en octubre, con el inicio de la recogida de la aceituna y continuará en otras campañas de recolección como la de cítricos, todo ello para garantizar la seguridad en el campo y el mantenimiento de una actividad esencial para la economía y el abastecimiento de los mercados.

Desde UPA Huelva ponen en valor las palabras de la Consejera y quieren entender que esta medida se hará extensiva también a la campaña de frutos rojos de Huelva, dado que resulta lógico que las medidas de carácter sanitario, así como los medios que se dispongan en otras provincias son igual de necesarios para garantizar una campaña segura en Huelva.

Así lo puso de manifiesto Manuel Piedra, Secretario General de UPA Huelva en la reunión mantenida el pasado día 20 de agosto en la Comisión de Seguimiento y Control del COVID-19 en Explotaciones Agrarias, donde UPA Huelva argumentó que con una mayor previsión de movimiento de temporeras durante esta campaña tanto en época de plantación como de recolección, los test serán muy necesarios y que la Junta de Andalucía debe posicionarse sobre si serán obligatorios o no y si se hará cargo de ellos la Consejería de Salud o no para que lo empresarios agrícolas lo tengan claro y tengan las máximas garantías sanitarias a lo largo de esta campaña. Este mismo criterio se ha vuelto a trasladar en la reunión de la comisión mantenida hoy y en la que se han dado cita la Delegada del Gobierno en Huelva; la Delegada Territorial de Salud y Familias en Huelva; el Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva, sindicatos de trabajadores y las organizaciones agrarias.

Cabe destacar también que en la reunión mantenida se ha reflejado la importancia de realizar un mapa informativo de los temporeros y temporeras que provienen de fuera de la provincia para evitar la transmisión comunitaria, aspecto que comparten también desde UPA Huelva porque lo creen fundamental para tener una campaña segura.

Por otra parte, la frontera con Marruecos sigue cerrada y aunque se espera que la llegada de temporeras se lleve a cabo, la sombra del COVID-19 y el comportamiento del gobierno de Marruecos sobre la disponibilidad de la mano de obra para España sigue siendo una incógnita. UPA Huelva ya ha solicitado al Gobierno Marroquí y Español que se haga un corredor sanitario desde Marruecos a España para garantizar que las temporeras lleguen a la provincia de forma segura y con todas las garantía sanitarias.

Aún así, UPA Huelva como una de las organizaciones agrarias encargadas de la gestión del procedimiento GECCO de contratación en origen y con la coordinación de la Subdelegación del Gobierno en Huelva sigue trabajando en todo el proceso administrativo en previsión de que la llegada de las trabajadoras se produzca a través de este corredor seguro. No obstante debido a la situación sanitaria, nadie puede garantizar que la llegada de trabajadoras de Marruecos esté asegurada a día de hoy.

El pasado mes de julio UPA Huelva solicitó al gobierno de España que se abrieran nuevas experiencias piloto con países terceros de cara a aumentar la mano de obra disponible, aspecto que ha sido tomado en cuenta y del que se está recabando información y posibilidades por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, siempre que la situación sanitaria lo permita.