Los consumidores europeos reclaman a Bruselas que tome medidas legislativas para frenar las prácticas comerciales desleales.
Una fuerte mayoría de los interesados apoyan la acción de la Unión Europea (UE) para abordar las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, según una consulta pública cuyos resultados ha publicado ahora la Comisión.
Alrededor del 90% de los encuestados estuvo de acuerdo o parcialmente de acuerdo en que existen prácticas comerciales desleales (UTP), citando por ejemplo períodos de pago superiores a 30 días para productos agroalimentarios y cambios unilaterales y retroactivos en los contratos.
En particular:
- El 94% de los encuestados estuvo de acuerdo o parcialmente de acuerdo en que los UTP tienen efectos negativos para los agricultores.
- El 95% de los encuestados estuvo de acuerdo o parcialmente de acuerdo en que se deben tomar medidas para abordar los UTP.
- El 87% de los encuestados cree que esta acción debe ser tomada por la Unión Europea.
Otras prácticas comunes incluyen cancelaciones de último minuto para productos perecederos, solicitudes de pagos por adelantado para asegurar o retener contratos o pago adicional para que los productos se muestren favorablemente en los estantes. La mayoría de los encuestados dijeron que consideraban que estas prácticas ocurrían con regularidad o con mucha frecuencia, y la mayoría estuvo de acuerdo en que los agricultores eran los más propensos a ser afectados por ellos.
La mayoría de los encuestados también estuvo de acuerdo en que era necesario tomar medidas para abordar las prácticas comerciales desleales, y que el nivel de la UE era el más apropiado para hacerlo, a través de la legislación. La mayoría creía que la acción de la UE daría lugar a una mejor aplicación de las normas sobre prácticas comerciales desleales, además de aportar más seguridad jurídica a las empresas y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior.
En su intervención en el Foro de Alto Nivel sobre la cadena alimentaria en Bruselas el 6 de diciembre de 2017, el Comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, destacó la importancia de una cadena de suministro justa y que funcione correctamente para permitir a los agricultores aprovechar al máximo el mercado único de la UE.
«Los agricultores reciben una parte cada vez menor del valor que se genera en la cadena alimentaria de la UE. Para abordar esta cuestión, la Comisión propondrá en 2018 medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos mediante el fortalecimiento de su posición en el mercado y ayudando a protegerlos de futuras crisis «.
La consulta pública , que se desarrolló de agosto a noviembre, reunió opiniones de una amplia gama de partes interesadas, incluidos los agricultores y sus organizaciones, industrias agroalimentarias, empresas de distribución, las autoridades públicas de los estados miembros, las instituciones de la UE y los consumidores y sus organizaciones. El objetivo era recopilar información sobre tres cuestiones clave relacionadas con la posición de los agricultores en la cadena de suministro: prácticas comerciales desleales, transparencia del mercado y cooperación con el productor.
Las más de 1.500 respuestas a la consulta se incorporarán a una evaluación de impacto que explorará cómo mejorar la fluidez y el funcionamiento eficiente de la cadena de suministro de alimentos y abordar las deficiencias del mercado que conducen a prácticas comerciales desleales y su efecto en el mercado interno.
Sobre la base de los resultados de la evaluación de impacto actual, la Comisión Europea espera hacer propuestas legislativas para abordar las prácticas comerciales desleales en la primera mitad de 2018.
La consulta y la evaluación de impacto son el resultado directo de las conclusiones del Grupo de trabajo sobre mercados agrícolas (AMTF) , un grupo de expertos independientes de alto nivel establecido en 2016 por la Comisión para investigar dónde podría mejorarse la gobernanza de la cadena de suministro de alimentos.
Las prácticas comerciales desleales fueron uno de los elementos clave identificados por el AMTF, donde la acción de la UE podría ayudar; ya existen reglas, tanto voluntarias como obligatorias, sobre tales prácticas en alrededor de 20 estados miembros diferentes.
Varias medidas para fortalecer el poder de negociación de los agricultores ya están en marcha como parte del Reglamento de la Organización del Mercado Común (OCM).
Las actualizaciones de estas reglas acordadas recientemente como parte de la amplia propuesta de Omnibus aliviarán las restricciones de competencia en las organizaciones de productores y asociaciones de dichas organizaciones con respecto a las actividades de planificación de ventas y producción. Los cambios también consagrarán en la ley el derecho de los agricultores a solicitar un contrato por escrito, brindando mayor transparencia y derechos exigibles a los agricultores cuando tratan con sus socios a lo largo de la cadena de suministro. Estas nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2018.
Fuente: Agronews Castilla y León
