La realidad es que todos ellos corresponden a los elementos que impiden o impulsan la rentabilidad de sus explotaciones y que aluden, además, a la importancia del sector agroalimentario para la economía de un país.
En España, casi un millón de explotaciones agrícolas y ganaderas gestionan más de 30 millones de hectáreas de territorio, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2015, que cifran en alrededor de 750.000 personas la población activa ocupada en el sector.
Nuestro país es el segundo mayor perceptor de fondos de la Política Agraria Común (PAC), sólo por detrás de Francia. En el presupuesto para el período 2014-2020, Bruselas prevé un total de 408.310 millones de euros para los 28, de los que 308.730 millones de euros se destinan a pagos directos y medidas de mercado (primer pilar) y 99.580 millones, al desarrollo rural (segundo pilar).
Esta programación de la PAC supondrá casi 45.000 millones de euros en el sector agrícola y en las zonas rurales de España: 34.580 millones a pagos directos y 8.300 millones para programas de desarrollo rural.
En el ejercicio 2015, con datos del organismo pagador FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), el primer pilar recibió 5.585 millones y el segundo, 1.690 millones; es decir, un total de 7.274. millones de euros para 902.261 beneficiarios.
A estas ayudas se suman, entre otras, las planteadas desde la Unión Europea en situaciones de crisis de mercado -como ha sido el caso del sector lácteo por el fin de cuotas o el de frutas y hortalizas por el veto ruso- y las que otorgan el Gobierno y las comunidades autónomas, además de las subvenciones que se establecen, por ejemplo, a la renovación de maquinaria o la suscripción de seguros.
Costes de producción
En la gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas, los profesionales afrontan numerosos costes laborales, de equipamiento, materias primas, medidas de seguridad e higiene, sanidad…
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) para 2015, el total de gasto para consumos intermedios superó los 21.495 millones de euros, un 2,37 % más respecto al año anterior.
De ellos, para fitosanitarios se destinaron 915,4 millones; a fertilizantes y enmiendas, 2.009,2 millones; a energía y lubricantes, 1.897,1 millone; a semillas y plantones, 906,3 millones; a piensos, 10.781,2 millones; a gastos veterinarios, 587,7; y a mantenimiento de material y edificios, 1.147,8 y 516,5 millones de euros, respectivamente.
En las cuentas del sector aún hay que sumar el coste del agua, los seguros agrarios, la maquinaria, las inversiones en modernización… Todo ello hasta cuadrar las cuentas de un sector que tuvo una renta agraria en términos corrientes de 24.040 millones de euros en 2015.
Según el Mapama. la renta agraria es el valor generado por la actividad de la producción agraria (remuneración por tierra, capital y trabajo) y el valor añadido de subvenciones, restados los consumos intermedios.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, recordó tras la primera reunión con los agricultores y ganaderos de esta nueva legislatura, hace tres semanas, que el “objetivo es consolidar el crecimiento” de la renta agraria y los ingresos de los agricultores, ganaderos e industrias.
El valor de la producción vegetal fue en 2015 de 27.552 millones de euros (+7,68), mientras que la de la producción animal fue de 16.264,5 millones de euros (+2,49%).
Conceptos y cifras que trasladan a magnitudes económicas la realidad diaria de un sector que con su trabajo y sus producciones da la materia prima necesaria para que la agroalimentación represente el 8,5 % del PIB nacional y cerca de 2,5 millones de empleos.
Fuente: www.efeagro.com
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