Las 10 propuestas del campo ante las elecciones europeas

1. Sector agrario, sector estratégico.

El sector agrario es clave para Europa y, como tal, sus intereses deben considerarse prioritarios y estratégicos por aquellos representantes que resulten elegidos para formar parte del nuevo Europarlamento. En Bruselas se toman la mayor parte de decisiones que afectan a los agricultores/as y ganaderos/as, en especial las políticas agrarias y alimentarias que dependen casi exclusivamente de normativas europeas.

2. Una PAC fuerte basada en el modelo social de agricultura y la soberanía alimentaria

La Política Agraria Común (PAC) debe fomentar el modelo social de agricultura, generador de empleo y de economía real, defensor de la biodiversidad y del respeto al medio ambiente. El abastecimiento de alimentos sanos, en cantidad y calidad suficiente y la mejora de las rentas de los agricultores y agricultoras deben ser prioridades de esta política. Para ello, es necesario recuperar una política agraria sobre la base de la soberanía alimentaria (capacidad de decisión sobre políticas agrarias y alimentarias y no sumisión a los acuerdos comerciales internacionales) y revertir el recorte del presupuesto agrario para el periodo 2014-20.

3. La imprescindible gestión y regulación de los mercados

Las medidas de gestión y regulación de los mercados, paulatinamente desmanteladas en los últimos años, han de recuperar un papel protagonista en el seno de la PAC. La UE debe modificar su paradigma de desregulación de los mercados por la instauración de mecanismos que eviten la volatilidad de precios y garanticen la estabilidad de los mercados agrícolas y unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción.

4. Reducción de costes y de la dependencia exterior

Para garantizar la sostenibilidad del sector productor se debe promover además la mejora permanente de su estructura de costes, muy dependiente de insumos y materias primas procedentes de fuera de la Unión Europea, así como del coste energético. El eslabón productor debe incrementar su valor añadido dentro de la cadena agroalimentaria y, para ello, trabajar para seguir mejorando sus estructuras de producción, comercialización, transformación y negociación.

5. La agricultura y la alimentación no son “monedas de cambio”

El impacto potencial de los acuerdos internacionales de comercio sobre los productores agrarios es enorme. Por ello, la Unión Europea debe mantener una posición de firmeza ante las negociaciones de liberalización comercial y evitar concesiones. Es decir, la UE ha de replantear el continuo proceso de liberalización comercial mediante negociaciones en la OMC o a través de acuerdos bilaterales de libre comercio con países terceros, por sus graves consecuencias para los agricultores europeos y los de los países implicados. Europa debe recuperar el principio de preferencia comunitaria.

6. Mismas normas para productos europeos e importados

Las importaciones han de respetar los estándares de calidad europeos. En aras de la seguridad alimentaria de los consumidores y de la calidad de los productos a los que puedan tener acceso, se ha de asegurar que las importaciones de terceros países cumplen los elevados estándares de calidad presentes en la UE, en materia medioambiental, sociolaboral, sanitaria (por ejemplo, en lo concerniente a hormonas en la carne y en la leche, productos transgénicos, carnes cloradas, animales clonados, etc …), lo que contribuiría sin duda a lograr también la mejora de las condiciones de vida y trabajo en terceros países.

7. Regulación pública del funcionamiento de la cadena agroalimentaria

Establecimiento de una regulación pública europea para la mejora de las relaciones en la cadena alimentaria. Las iniciativas voluntarias entre los agentes de la cadena pueden servir como elemento formativo y educativo, pero para desterrar las prácticas comerciales desleales y abusivas es necesario articular mecanismos legislativos que aborden el desequilibrio entre el atomizado sector productor frente al altamente concentrados sector industrial y al oligopolístico sector de la distribución, prohibiendo aquellas prácticas comerciales abusivas e incorporando excepciones en la aplicación de la normativa de competencia para el sector agrario.

8. La innovación al servicio del modelo social de agricultura

Las políticas de innovación e investigación centradas en el sector agrario deben tener continuidad y potenciarse, siempre considerando las necesidades de los agricultores y ganaderos, mediante su participación en la gestación y el desarrollo de proyectos de I+D+i. La producción agraria debe incrementar su valor añadido dentro de la cadena agroalimentaria. Para ello, se debe apoyar de forma continua un I+D+i dirigido a unir las demandas y necesidades del consumidor con la producción, favoreciendo así la auténtica innovación y la creación de cadenas agroalimentarias de valor compartido.

9. Garantía de seguridad alimentaria

Se ha de seguir trabajando por mejorar las garantías de seguridad alimentaria de todos los alimentos que se produzcan y comercialicen en la Unión Europea conseguidas gracias a las políticas agrarias y alimentarias desarrolladas desde la creación de la Unión hasta alcanzar los estándares públicos más exigentes del mundo. En este sentido, hay que apostar un modelo de agricultura sostenible que ofrezca la máxima seguridad alimentaria y para ello, la Unión Europea debe abordar la prohibición de los organismos genéticamente modificados en base al principio de precaución.

10. Sostenibilidad ambiental y social. Lucha contra el cambio climático

La lucha frente al cambio climático y la mejora del medio ambiente deben afrontarse teniendo en cuenta las particularidades de nuestro clima y no sólo bajo los planteamientos de países del norte de Europa. El ahorro y la eficiencia energética, la modernización de regadíos, la reducción del desperdicio de alimentos, los sistemas de gestión de residuos, subproductos y envases, etc. han de diseñarse desde la perspectiva de la sostenibilidad social, teniendo en cuenta las particularidades del sector agrario. Para preservar la biodiversidad resulta esencial reconocer el derecho de los agricultores a conservar, intercambiar y vender semillas de variedades locales, lo cual permite a las explotaciones reforzar su resistencia a la perturbaciones exteriores y a los cambios climáticos y ambientales.