LA UNIÓ critica así mismo que este tipo de informes se presente ahora cuando los acuerdos ya están en vigor y aboga porque se hagan antes de suscribir cualquier tipo de firma por parte de la UE para conocer sus efectos, tal y como hace por ejemplo el USDA de EEUU.
El informe de la CE se basa en 12 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) con países considerados como socios comerciales, además de los países integrados como Mercosur. Concretamente se trata de Australia, Canadá, Chile, Indonesia, Japón, Malasia, Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), México, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
No se tiene en cuenta, por tanto, a pesar de que entró en vigor en 2016, el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Meridional -Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia- que afecta de pleno a la citricultura europea.
El informe de la Comisión de Investigación de la Comisión Europea hace referencia -y mal como se puede comprobar- únicamente a los aspectos comerciales, pero no analiza las repercusiones fitosanitarias del incremento de las transacciones comerciales sin las suficientes garantías sanitarias. Tampoco detalla los sistemas productivos de los países terceros para compararlos con los exigentes estándares productivos de la UE.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, considera que “este informe debería haberse hecho antes y podría haber servido para analizar el impacto y las consecuencias de los acuerdos comerciales que firma la UE, pero llega tarde, es muy incompleto, sesgado y no sirve para casi nada”. Además -prosigue Peris- “no se tienen en cuenta los aspectos de sanidad vegetal ni la necesaria reciprocidad para las producciones de terceros países con las de la UE. Por ello es pérdida de tiempo y papel mojado”.
El secretario general de LA UNIÓ señala que “ya es hora que la CE aborde los acuerdos desde la perspectiva de los productores, de aquellos que cumplimos las normativas europeas para suministrar productos de calidad, dar seguridad alimentaria y que cada vez sufrimos una competencia desleal en el mercado por no exigirse los mismos estándares de producción”.
LA UNIÓ también indica que los acuerdos comerciales no deberían verse afectados por guerras políticas ajenas al mercado agroalimentario y que dentro de los mismos con socios preferenciales no se debería permitir casos como el veto de Rusia a nuestros productos o los aranceles de EEUU a los productos agrarios europeos.
