Galicia es tierra de comedores de patatas. Así lo reflejaba Manuel Rivas en el título de su primera novela, inspirado en un cuadro de Van Gogh, y así lo atestigua la economía doméstica de buena parte de sus habitantes, autoabastecidos durante siglos del tubérculo plantado en la huerta de casa. La prohibición a lo largo de dos años del cultivo de este producto básico en 45 ayuntamientos del noroeste de España (13 de ellos asturianos) para intentar erradicar la plaga de polilla guatemalteca ha caído por ello en miles de hogares como una dura condena.
Aunque los controles han logrado evitar de momento que en Galicia el insecto que devora la patata llegue a las zonas distinguidas con la Indicación Geográfica Protegida (Bergantiños en A Coruña y A Limia en Ourense), donde esta producción es un importante pilar económico, el veto al tubérculo ha dejado víctimas. Francisco López, que gestiona la granja de agricultura ecológica Casa Ánxel de Crecente, en A Pastoriza (Lugo), ha tenido que cerrar una línea de producción en la que había realizado fuertes inversiones sin que tenga derecho a un solo euro de indemnización. “Cuando pase la prohibición no retomaré la producción de patata ecológica que tenía porque ya he perdido los clientes y tendría que empezar de cero”, lamenta este empresario, que en tres años había logrado colocar su producto en los estantes de Carrefour y en los grandes mercados de Madrid y Barcelona.
López vendía al año 60.000 kilos de patata ecológica, sembrada en seis hectáreas de terreno y cepillada y envasada en una planta en la que invirtió 80.000 euros hace solo dos años. Cuando la Administración anunció que el ayuntamiento de A Pastoriza en el que tiene sede su empresa era uno de los afectados por el veto a este producto, el empresario intentó buscar un remedio. Ante la imposibilidad de trasladar el cultivo a otras fincas ubicadas en zona libre de plaga porque los terrenos precisarían una calificación ecológica, se planteó sacarle rendimiento a su maquinaria envasando patata de explotaciones ubicadas en otros ayuntamientos. Sin embargo, los controles contra la polilla guatemalteca tampoco le permitieron ese movimiento de mercancía.
Más de 1.300 afectados por la plaga han solicitado compensaciones económicas a la Xunta, que tiene previsto destinar unos 200.000 euros a tal fin. Solo tienen derecho a percibir estas ayudas los productores que, en el momento de activarse la prohibición, tuvieron que arrancar patatas ya cultivadas o desechar semillas ya compradas. Francisco López aún no había hecho ninguna de estas dos cosas y no ha recibido ni un solo euro de indemnización pese a que la medida le ha obligado a cerrar una línea de producción de la empresa.
En total, se han destruido 365 toneladas de patatas en los ayuntamientos gallegos invadidos por la polilla, de las cuales alrededor de 315 corresponden a particulares. “La gente ha asumido con resignación las instrucciones de la Xunta”, explica Secundino García, alcalde de San Sadurniño (A Coruña), un municipio de 3.000 habitantes y economía agroganadera que ha entrado en la lista del veto a la patata. “Los vecinos confían en lo que dicen las autoridades, en que la plaga se erradicará en dos años gracias a la prohibición, así que un fracaso de estas medidas sería un fraude para ellos”.
En la comunidad autónoma con las pensiones más bajas de España, para la población envejecida de localidades como San Sadurniño el autoconsumo de patatas es una ayuda importante para llegar a fin de mes. Para los hogares afectados por la prohibición, el nuevo gasto que supone tener que comprar fuera las patatas, un producto básico de la gastronomía gallega, “es más dinero que lo que supone la subida de las pensiones”, subraya García.
El Gobierno gallego, que recibió críticas de los sindicatos agrarios por la tardanza en tomar medidas contundentes, asegura que el avance de la plaga se ha frenado. Según sus datos, hasta octubre se habían reducido un 65% las capturas de polillas guatemaltecas con respecto a 2016. “Se ha acabado la alarma, las medidas de vigilancia están funcionando”, afirma Guillermo Budiño, portavoz de los empresarios de la Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, zonas a las que no ha llegado la polilla, quien destaca que si se mantiene el ritmo de envasado y etiquetado el 2017 “será un año de récord” para los productores gallegos.
La prohibición de plantar patata, pese a todo, se acaba de extender a un municipio gallego (Cariño), que se suma a la lista de 31 ayuntamientos publicada en marzo, y a nueve concejos asturianos (en marzo eran cuatro), después de que las autoridades detectaran insectos de esta especie en las trampas instaladas por prevención. Los responsables autonómicos de Galicia y Asturias atribuyen esta extensión al “movimiento de patatas entre municipios” y han decidido “intensificar” la vigilancia que tienen encomendada la Guardia Civil y la Policía Autonómica.
Fuente: https://elpais.com
